La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes dirigido a las 17 gobernaciones del país para conocer detalles sobre la ejecución de recursos destinados a programas de acción social durante el ejercicio fiscal de este año.
El documento solicita que los gobiernos departamentales remitan información a la Cámara Baja sobre los programas sociales que tienen previstos para este año, así como el destino de los fondos utilizados en esas políticas.
El pedido se produce en un contexto de cuestionamientos políticos en torno a la administración de recursos vinculados al programa Hambre Cero.
Quince gobernaciones administran actualmente recursos de dicho programa, mientras que otras dos enfrentan un debate legislativo sobre la continuidad del manejo de esos fondos.
En ese marco, el Senado otorgó media sanción a un proyecto que propone retirar la administración del programa a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná para que pase al Ministerio de Desarrollo Social.
La situación generó reacciones entre los gobernadores, quienes sostienen que el manejo de los recursos se realiza conforme a la legislación vigente y bajo mecanismos de control institucional.
Desde el Consejo de Gobernadores también manifestaron preocupación ante la posibilidad de que se amplíe la lista de administraciones departamentales que podrían perder el control del programa.
En paralelo, autoridades departamentales señalaron que durante la ejecución del programa en 2025 las gobernaciones fueron sometidas a auditorías de distintos organismos de control del Estado.
Según indicaron, las revisiones incluyeron a la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Alimentación Escolar.