La reciente decisión del Senado de trasladar al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) los fondos de alimentación escolar de Concepción y Alto Paraná reactivó cuestionamientos sobre los mecanismos de control y el rol de las autoridades que administran programas financiados con dinero del Estado.
En ese contexto, el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, fijó una postura centrada en la responsabilidad que implica ocupar cargos en la administración pública.
El legislador sostuvo que el ejercicio de la función pública exige transparencia en la gestión de los recursos y advirtió sobre los riesgos de que programas sociales puedan convertirse en instrumentos de aprovechamiento político o económico.
Según expresó, quienes ocupan funciones dentro del Estado deben actuar con especial cuidado en el manejo de los fondos que les son confiados.
“Si yo estoy en la función pública, tengo que cuidar cómo me estoy moviendo y qué estoy haciendo. Estoy totalmente en contra de que uno se aproveche cuando está en el sector público”, manifestó.
El titular del Congreso también planteó que los organismos de control deben mantener vigilancia permanente sobre la ejecución de los recursos públicos.
Núñez incluso advirtió sobre las consecuencias políticas que podrían generarse si se confirmaran irregularidades en la administración de programas sociales de gran alcance.
Según dijo, en un escenario de ese tipo podría abrirse la puerta a prácticas que distorsionen la competencia política.
“Si ocurre lo que se dice, que Hambre Cero deja algo sobre la mesa, entonces se están forrando de dinero y después van a salir con ese dinero a comprar votos, conciencias y voluntades para venir al Congreso”, afirmó.
Ejecutivo evaluará la norma si llega a sanción
Desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que la posición del Poder Ejecutivo respecto a la modificación aprobada en el Senado se definirá recién cuando el proceso legislativo concluya.
Voceros de la cartera indicaron que el Gobierno analizará el contenido final de la normativa en caso de que sea sancionada por el Congreso y remitida para su promulgación.
“En el hipotético caso de que el trámite llegue a su final con una sanción de la ley y esta sea remitida al Poder Ejecutivo, recién ahí se revisará en qué términos queda redactada finalmente y cuál sería la posición del Ejecutivo”, indicaron desde el ministerio.
Esto implica que, por el momento, el Gobierno mantiene una posición abierta a evaluar el alcance de la propuesta legislativa antes de adoptar una decisión institucional.
Gobernadores advierten trasfondo político en el debate
La decisión del Senado generó preocupación en el Consejo de Gobernadores, cuyos integrantes consideran que el debate sobre la administración del programa Hambre Cero también está influido por disputas políticas dentro del escenario electoral.
El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, sostuvo a La Tribu 650 AM, que las gobernaciones que ejecutan el programa no registraron denuncias durante el año pasado y que la gestión fue sometida a diversos controles institucionales.
Según explicó, las administraciones departamentales son auditadas por la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y otras instancias vinculadas al sistema nacional de alimentación escolar.
A pesar de defender el modelo actual, el gobernador reconoció que el programa tiene una fuerte presencia territorial, lo que inevitablemente lo coloca en el centro de disputas políticas en los departamentos.
En medio de esta discusión, el Consejo de Gobernadores solicitó una reunión con el presidente de la República para analizar el futuro del programa y discutir alternativas que permitan evitar que el conflicto político termine afectando la ejecución de la política de alimentación escolar.