Las negociaciones entre el sector docente y el Gobierno han alcanzado un punto de inflexión respecto a la reforma de la Caja Fiscal. El representante de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, analizó los resultados de la reunión mantenida con autoridades del Ejecutivo y el Senado en comunicación con Espresso Informativo por La Tribu 650 AM. El dirigente destacó que se lograron destrabar puntos críticos, como la reducción de la edad mínima jubilatoria de 57 a 53 años, con una tasa de retorno inicial del 78% que podría escalar gradualmente hasta el 90% según los años de servicio.
Sostenibilidad financiera y aportes del Estado
Uno de los logros calificados como “históricos” por el sector es el incremento del aporte estatal a la caja docente. Piris detalló que, tras el debate con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se acordó que el Estado aporte un 10% de forma inmediata a partir del mes de abril, dejando atrás la propuesta de una implementación escalonada que recién llegaría a ese porcentaje en el año 2031. Por su parte, los docentes incrementarán su aporte personal del 16% al 19%, logrando una inyección total del 29% que garantizaría la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Además de los números financieros, el acuerdo preliminar restablece beneficios que habían sido recortados en versiones anteriores. Se contempla la restitución de la jubilación extraordinaria por enfermedad o incapacidad a partir de los 10 años de servicio, con un porcentaje inicial del 40%. Asimismo, se incluyó la bonificación por hijos para las mujeres, permitiendo que aquellas con 25 años de antigüedad y dos hijos puedan acceder al beneficio jubilatorio cumpliendo la edad mínima de 53 años, lo que equipara las condiciones de retiro a la realidad del ejercicio docente.
Desconfianza legislativa y medidas de fuerza
A pesar de los avances técnicos, la Federación de Educadores ratificó el paro total de actividades y la suspensión de clases por tres días, afectando incluso a las instituciones subvencionadas. La medida de fuerza responde a una profunda desconfianza hacia la Cámara de Diputados, institución que en el pasado habría modificado acuerdos previos en perjuicio de los trabajadores. Piris enfatizó que no levantarán la movilización hasta que los compromisos asumidos por el Senado y el vicepresidente de la República cuenten con el respaldo documental y legislativo correspondiente.
La movilización incluye el cese de tareas pedagógicas y administrativas, lo que ya fue comunicado a las empresas proveedoras de merienda escolar para evitar el desperdicio de alimentos durante las jornadas de protesta. El gremio se mantiene en vigilia permanente ante la sesión de la Cámara de Senadores prevista para mañana, donde se espera que se dictamine y apruebe la versión acordada. El dirigente advirtió que cualquier intento de ratificar la versión original de Diputados profundizará el conflicto, extendiendo el paro de forma indefinida en todo el territorio nacional.
Régimen de transición y derechos adquiridos
Finalmente, la propuesta establece un régimen de transición para proteger a quienes están próximos al retiro. Aquellos docentes con 20 años o más de antigüedad tendrán la opción de jubilarse bajo la ley vigente, lo que beneficia a unos 25.000 educadores en todo el país. Según Silvio Piris, esta flexibilidad fue fundamental para calmar el malestar en las bases, ya que la propuesta inicial del Ejecutivo pretendía regir bajo las nuevas normas a todos aquellos que cumplieran los requisitos a partir del próximo año, sin considerar los años de aporte ya realizados.