La aprobación del acuerdo de cooperación en defensa entre Paraguay y Estados Unidos, conocido como SOFA, ha generado un fuerte rechazo en sectores de la oposición legislativa. El análisis de las cláusulas revela una preocupación profunda sobre la soberanía jurisdiccional y el trato preferencial hacia contratistas extranjeros frente a las normativas locales.
Este escenario legislativo se presenta como una entrega de facultades nacionales que, según las críticas, no contempla beneficios recíprocos para los ciudadanos paraguayos, estableciendo un precedente de inmunidad que exime de controles institucionales básicos a personal civil y militar foráneo.
El cuestionamiento a la inmunidad y la falta de reciprocidad
Durante una entrevista pormenorizada para el programa “Tribu Nativa” por La Tribu 650 AM, la senadora Celeste Amarilla calificó de humillante el documento aprobado por el Congreso. Sostuvo que se le otorga una carta blanca a cualquier extranjero que llegue al país bajo este convenio, sin que exista una contraprestación similar para los paraguayos en territorio estadounidense.
La legisladora enfatizó que no se trata solo de tropas militares, sino de civiles y empresas que no podrán ser verificadas por organismos como el INTN o Dinavisa. “Es una situación humillante; yo entiendo que necesitamos la cooperación de cualquiera porque no podemos ni con cuatro tlingos, pero no es necesario arrodillarse de tal manera”, sentenció la parlamentaria.
La condena a Erico Galeano y la narcopolítica
Respecto a la sentencia de trece años de cárcel contra el senador Erico Galeano, la legisladora recordó que ella misma fue sancionada anteriormente por denunciar la presencia de dinero sucio en el Congreso. Celebró el fallo judicial de primera instancia, señalando que la justicia finalmente actuó de manera rápida frente a un caso que debilita gravemente la credibilidad institucional.
“En el Senado y en Diputados hay plata narco y plata sucia, y acá está la prueba; Erico Galeano debió salir ante la mera sospecha porque su permanencia le hace daño a la institución”, puntualizó Celeste Amarilla. Para la senadora, la situación es insostenible y el oficialismo colorado deberá ceder ante la presión de un juicio público que ya condenó al legislador mucho antes que los tribunales.
Centralización del programa Hambre Cero
Sobre la administración del almuerzo escolar, la parlamentaria abogó por retirar la gestión de las gobernaciones y centralizarla en el Ministerio de Desarrollo Social. Argumentó que la atomización de programas sociales facilita la corrupción y dificulta el control eficiente de los recursos destinados a la alimentación de los niños en todo el país.
“Toda la alimentación escolar tiene que manejar el Ministerio de Desarrollo Social; es mejor controlar a una sola persona que a 15 sátrapas beneficiándose con la merienda”, alegó la senadora. Esta postura busca simplificar el balance estatal y evitar que los fondos sociales se conviertan en botines políticos regionales que se tiran la pelota entre intendentes y gobernadores.
Crisis de la Caja Fiscal y riesgo de estallido social
En relación a la reforma de la Caja Fiscal, la entrevistada advirtió sobre el peligro de que las protestas docentes se unifiquen con la marcha campesina anual. Señaló que existe hipocresía en las mesas de negociación y que no se debe tensar la situación hasta llegar a un conflicto violento que ponga en riesgo la seguridad nacional.
“Cuidado con que no haya otro marzo de sangre, no hay que estirar tanto la piola; hay intención de acuerdo pero en público dicen otra cosa”, advirtió sobre las movilizaciones previstas. La senadora instó a mantener el diálogo abierto entre el Ministerio de Economía y los gremios para evitar un choque frontal que desestabilice el orden público durante este mes.