A criterio del senador itapuense Colym Soroka (ANR-independiente), para que los congresistas puedan estudiar y tratar el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, primero deben abordar la reforma (o eliminación, según su preferencia) de la caja jubilatoria de los legisladores, que también recibe aporte estatal. Así lo manifestó tras la última sesión de la Permanente, el pasado martes.
El legislador sostuvo que el debate no puede darse desde posiciones de privilegio ni desde la comodidad, exigiendo sacrificios únicamente a un sector de la sociedad. Afirmó que ese tipo de planteamientos genera malestar e irritación en la ciudadanía, y llamó a encarar las decisiones con mayor equidad y sensibilidad social.
“Nosotros jamás podemos pedir sacrificio desde el privilegio. No podés estar pidiendo resultados; o sea, pedirles el sacrificio a otros, ni tampoco podemos cargar la responsabilidad de cubrir ese desgaste que tiene esa caja”, dijo ante los medios de prensa.
Dilatar tratamiento sería un acto de “cobardía”
Por otro lado, se refirió a la intención de diputados oficialistas que insisten en que el proyecto de reforma de la Caja Fiscal sea aprobado con las modificaciones realizadas por el Parlamento. Según la senadora colorada disidente Lilian Samaniego, otra de las estrategias del oficialismo sería dilatar el tratamiento para lograr una sanción automática.
“Sería una falta de coraje y de valentía nuestra tratar de refugiarnos en esa posibilidad. Esa no debería ser una posibilidad del Congreso. Sería realmente un acto de cobardía no tratar y dejar que tenga sanción ficta. Yo no estoy de acuerdo con eso”, declaró.
Continúan las mesas de diálogos
Las conversaciones continúan la próxima semana con los sectores afectados por el proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, que argumenta que la Caja Fiscal tiene un déficit de USD 380 millones.
En ese contexto, el senador Alfonso Noria planteó la necesidad de explicar con claridad cuál sería el déficit remanente de la Caja Fiscal tras los aportes previstos para docentes y Estado. Señaló que, aun considerando los incrementos aprobados en la Cámara de Diputados —3% para los docentes y 5% para el Estado—, el aporte estimado rondaría los USD 50 millones, frente a un déficit superior a los USD 380 millones, por lo que el problema estructural no quedaría resuelto.
A su turno, el senador Silvio Ovelar advirtió que no se puede permitir la sanción ficta de una ley de tal relevancia en el Congreso Nacional, al considerar que ello afectaría la legitimidad institucional y el funcionamiento del sistema democrático.
El objetivo es avanzar hacia un consenso que permita el tratamiento del proyecto antes del 25 de marzo, evitando la sanción automática y procurando un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y los derechos de los trabajadores.
Los docentes, advirtieron que de no tratarse el proyecto el próximo 25 de marzo (fecha de postergación por el Senado), se movilizarán a nivel país, junto a campesinos, expolicías y exmilitares.
Los educadores agremiados anunciaron que están abiertos a las propuestas del Legislativo.