El Gobierno emitió el Decreto N.° 5.554 que habilita el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en más puntos de la Región Oriental. El ministro de Defensa, Óscar González, afirmó que la medida respeta la Constitución y se aplicará bajo coordinación con el Ministerio Público.
El Poder Ejecutivo dispuso mediante el Decreto N.° 5.554 la ampliación del alcance territorial para el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en tareas de defensa interna en la Región Oriental.
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, brindó detalles sobre la medida y subrayó que no se trata de una militarización ni de un despliegue masivo de efectivos en las calles.
Según explicó, la normativa firmada por el presidente Santiago Peña no implica incremento de presupuesto ni incorporación de más personal militar.
“Esto no es una militarización. No implica militares en las calles”, afirmó el secretario de Estado, al tiempo de aclarar que el decreto amplía la posibilidad de empleo, pero no significa una presencia permanente en todo el territorio.
González sostuvo que el principal cambio radica en eliminar las restricciones departamentales que hasta ahora limitaban la actuación de las Fuerzas Armadas a siete departamentos bajo jurisdicción del Comando de Operaciones de Defensa Interna.
Con la nueva disposición, los elementos de combate podrán ser empleados en otros puntos de la Región Oriental cuando existan amenazas concretas vinculadas al crimen organizado.
El ministro explicó también que esta modificación busca evitar que los límites territoriales se conviertan en obstáculos para la persecución penal de grupos criminales con características específicas.
Señaló que el decreto ya venía siendo analizado en el Consejo de Defensa Nacional desde semanas atrás y que su aprobación responde a la necesidad de contar con una herramienta jurídica más amplia para actuar ante situaciones que representen un riesgo para la seguridad nacional.
Precisó que los denominados elementos de combate son los mismos que operan en la Fuerza de Tarea Conjunta desde hace más de una década. Se trata de equipos tácticos integrados por entre ocho y catorce efectivos armados, bajo el mando de un oficial, preparados para intervenir en escenarios de alta complejidad.
La operatividad, indicó, continuará bajo la coordinación del Comando de Operaciones de Defensa Interna y en articulación con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio Público, además de requerir autorización judicial cuando la ley lo exija.
El titular de Defensa señaló que la temporalidad del decreto está sujeta a la necesidad operativa. La ley exige que este tipo de disposiciones tenga un carácter excepcional y limitado en el tiempo, por lo que su vigencia dependerá de la evaluación permanente de las condiciones de seguridad.
El ministro citó como ejemplo hechos recientes ocurridos en departamentos que no estaban contemplados en la jurisdicción anterior, donde la normativa vigente impedía el apoyo inmediato a la Policía Nacional.
Con la nueva habilitación, las Fuerzas Armadas podrán intervenir en cualquier punto de la Región Oriental si la situación lo amerita, sin quedar condicionadas por límites administrativos.
González insistió en que la medida no responde a un hecho puntual, sino a un análisis estratégico previo. Reiteró que la Fuerza de Tarea Conjunta mantendrá su esquema de funcionamiento y que el despliegue de efectivos se realizará únicamente por orden específico y para custodiar puntos estratégicos o apoyar operativos contra organizaciones criminales.
Desde el Ejecutivo sostienen que el decreto constituye un instrumento legal que amplía la capacidad de reacción del Estado frente a estructuras delictivas que superan el ámbito departamental.
La administración central remarca que el objetivo es fortalecer la defensa interna dentro del marco constitucional y sin alterar la distribución presupuestaria ni la cantidad de efectivos disponibles, priorizando la coordinación interinstitucional como eje de las operaciones.