La doctora Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo y exministra de la Corte Suprema de Justicia, preside por segunda vez la institución que juzga a los magistrados, fiscales y defensores públicos.
Por unanimidad, la representante del Poder Ejecutivo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la doctora Alicia Pucheta, fue electa ayer como presidenta del organismo extrapoder, para el período 2026-2027, siendo esta su segunda presidencia, la anterior fue en el ciclo 2024-2025.
Como vicepresidente primero fue electo el ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien fue propuesto precisamente por la doctora Alicia Pucheta. Y como vicepresidente segundo fue electo otro miembro de la máxima instancia judicial, César Garay Zuccolillo.
En su primera alocución al asumir la presidencia, la doctora Alicia Pucheta aseguró que durante su nueva gestión buscará fortalecer la transparencia para dar credibilidad a la institución. Además, indicó que un eje central será evitar la prescripción de los procesos.
“Son los cargos que he ocupado, lo he hecho con responsabilidad, mucha motivación y sobre todo, el hecho de estar aquí es la conclusión de lo que he hecho toda mi vida”, sostuvo.
En la sesión del JEM realizada en la víspera estuvieron presentes los ministros de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, además de la doctora Alicia Pucheta y el consejero Enrique Berni, quienes estuvieron de manera presencial.
Los que participaron de manera virtual de la sesión fueron: el diputado Diego Candia, el senador Derlis Maidana, el senador Mario Varela y el diputado Alejandro Aguilera.
En la primera sesión con la nueva comisión directiva, el pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados hizo lugar al desafuero de la fiscala Stella Mary Cano Garcete, quien fuera imputada por persecución de inocentes y además pidió a la Corte Suprema de Justicia suspender a la mencionada agente del Ministerio Público.
El JEM es el órgano constitucional que juzga el desempeño de los magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, observando el debido proceso y velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.
Tiene como misión ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.