Desde la OTEP-A sostienen que de lograrse una distribución equitativa de los aportes no sería necesario postergar el tratamiento del proyecto. Afirman que ante una mayor apertura del Ejecutivo la reforma podría aprobarse de manera inmediata.
Gabriel Espínola, titular de la Organización de Educadores del Paraguay-Auténtica (OTEP-A), explicó en entrevista para La Tribuna que los gremios intersindicales acordaron el inicio de clases tras percibir una actitud receptiva por parte de los legisladores respecto al tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal.
Durante la última reunión mantenida en el Congreso Nacional el pasado miércoles, los representantes gremiales solicitaron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) un informe detallado sobre la demografía jubilatoria, específicamente el porcentaje de docentes que se retiran y la edad promedio en que lo hacen.
Según Espínola, este informe proporcionará el panorama técnico necesario para definir la edad jubilatoria más conveniente y, posteriormente, elevar una propuesta formal que permita alcanzar un consenso con el Poder Ejecutivo.
El aporte estatal como llave de la negociación
El dirigente señaló que los gremios no se oponen a la reforma, sino que buscan un equilibrio justo entre el aporte del trabajador y el del Estado. En ese sentido, afirmó que si el Ejecutivo muestra voluntad política para incrementar el porcentaje de aporte estatal al 14%, la reforma podría sancionarse sin dilaciones. “Si el Estado aporta más, la reforma puede darse ya mismo, sin necesidad de esperar al 25 de marzo”, declaró.
No obstante, Espínola reconoció que alcanzar dicho porcentaje es un objetivo ambicioso y complejo. Por ello, planteó que mantienen la expectativa de llegar, al menos, a un 9% de aporte estatal. Esto, sumado a otros ajustes en los años de servicio para la jubilación, facilitaría un acuerdo real entre las partes.
Por el momento, los gremios mantienen abierta la vía del diálogo. Sin embargo, advirtieron que, de no recibir una respuesta satisfactoria, iniciarán movilizaciones a nivel nacional a partir de la semana del 25 de marzo, fecha prevista para el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Senadores.