Gabriel Espínola, referente de la OTEP-A, se pronunció también sobre la situación de la caja parlamentaria y sostuvo que dicho fondo tiene plena capacidad de existir de manera independiente, siempre y cuando deje de percibir recursos del Tesoro Público.
Según el informe oficial de febrero de este año, el Estado destinó 4.550 millones de guaraníes para sostener este régimen especial.
El titular gremial subrayó que la privatización o la autogestión absoluta de este fondo es una pieza fundamental para alcanzar un equilibrio real entre los distintos sistemas de seguridad social. En ese sentido, dijo que si la Caja Fiscal es sometida a una reforma estructural, la caja parlamentaria debe seguir el mismo camino de forma obligatoria.
Redireccionamiento de fondos para el equilibrio fiscal
La propuesta de Espínola plantea que los recursos que el Estado dejaría de transferir a la caja parlamentaria (en caso de eliminarse el aporte estatal a la misma) sean redireccionados directamente a la Caja Fiscal. Este movimiento permitiría que el Estado incremente su participación en el fondo común, logrando así un equilibrio mínimo entre los aportes de los trabajadores y los del empleador estatal.
Bajo este esquema, se contempla que tanto docentes como magistrados y fuerzas públicas incrementen sus porcentajes de contribución, pero condicionado a que el Estado haga lo propio de manera proporcional.
Para el gremialista este punto es éticamente crucial, ya que los legisladores deben liderar con el ejemplo la urgencia de la reforma. Si bien desde el sector docente reconocen la existencia de un déficit financiero que exige cambios inmediatos, insisten en que estas modificaciones deben realizarse con equidad, evitando que el peso de la crisis recaiga sobre un solo sector.
Finalmente, Espínola recalcó que la hoja de ruta de las negociaciones seguirá centrada en tres ejes principales: los años de aporte, la edad jubilatoria y el incremento del aporte estatal.