La senadora Blanca Ovelar sostuvo que la eliminación inmediata de la Caja Parlamentaria no es viable sin antes analizar sus implicancias jurídicas, financieras y sociales.
Para la legisladora, el derecho a la jubilación forma parte de las garantías básicas que deben alcanzar a todos los trabajadores del Estado. Recordó que en los demás poderes públicos existen regímenes de retiro y cuestionó por qué el Legislativo debería quedar al margen de esa posibilidad.
En ese sentido, indicó que al asumir su banca los parlamentarios ya se encuentran con un sistema vigente que retiene el 22% de sus haberes para financiar la Caja.
La senadora remarcó que cualquier modificación debe contemplar la situación de quienes hoy ya son beneficiarios. Señaló que una supresión abrupta generaría el interrogante sobre quién asumiría la cobertura de aproximadamente 260 personas que actualmente perciben jubilación a través de este régimen. A su criterio, la transición debe ser evaluada con criterios técnicos para evitar vacíos legales o desprotección.
Ovelar explicó que la normativa vigente permite retirar hasta el 95% de los haberes en determinadas condiciones, mientras que la propuesta de modificación reduce ese porcentaje al 70%. Este cambio, según indicó, forma parte de un conjunto de aspectos que requieren un análisis integral y no decisiones aisladas.
La parlamentaria sostuvo que el debate no puede limitarse a una consigna simplificada, sino que debe considerar la sostenibilidad del sistema y los derechos adquiridos. En ese marco, planteó que podría explorarse un acuerdo entre legisladores para diseñar un esquema de retiro que responda a criterios de equilibrio financiero.
Ovelar recordó la primera conformación parlamentaria tras la aplicación del nuevo sistema electoral y sugirió comparar su integración con la anterior para observar cambios en la composición política y social. A su entender, estos factores sociológicos y económicos también deben ser considerados al discutir el régimen jubilatorio.
En cuanto a los datos actuales, indicó que la Cámara cuenta con alrededor de 260 beneficiarios. De ese total, aproximadamente 60 perciben ingresos superiores a 15 millones de guaraníes, mientras que más de 150 reciben montos inferiores a 10 millones. Según explicó, los ingresos son proporcionales a los aportes realizados en distintos periodos.
La senadora insistió en que cualquier decisión debe sustentarse en información precisa y en un estudio responsable del impacto financiero. Planteó que la discusión debe orientarse a encontrar una solución que combine sostenibilidad y respeto a los compromisos vigentes, evitando medidas que puedan generar litigios o afectar derechos ya consolidados.
El debate sobre la Caja Parlamentaria se mantiene abierto en el Congreso, en un contexto de revisión más amplia de los sistemas previsionales y de exigencias ciudadanas de mayor transparencia en el uso de recursos públicos.