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lunes, 11 de noviembre de 2024
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Opositores presentan proyecto de eliminación de comisión antilavado

En la mañana del viernes, el diputado por el Encuentro Nacional, Raúl Benítez, expresó su preocupación por lo que considera un avance autoritario por parte del sector mayoritario del Congreso. En sus declaraciones, señaló que la CBI de investigación al lavado de dinero, no es más que un plan autoritario, el cual va progresando sin que haya un freno a los abusos que se están cometiendo.

Benítez y otros parlamentarios, presentaron un proyecto que, aunque afecta a un grupo específico, podría tener repercusiones más amplias en el futuro.

Motivos

En conferencia de prensa, enfatizó que la Comisión Bicameral Antilavado carece de legitimidad porque la diseñaron para que estuviera controlada por el ala oficialista y no tiene un marco normativo claro.

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Esta situación, según él, facilita el abuso de poder que actualmente se observa. Asimismo, criticó que ninguna instancia haya otorgado un “cheque en blanco” a la comisión para crear listas negras o perseguir a individuos, afirmando que estas acciones han sido admitidas por el senador Gustavo Leite en un audio que se hizo público recientemente.

El diputado señaló además, que su objetivo al presentar el proyecto es no convertirse en cómplices de lo que está ocurriendo en ambas cámaras con la comisión. En este contexto, propuso derogar la Resolución número 1336 que estableció dicha comisión, argumentando que su finalidad es claramente autoritaria.

A la vez, hizo notar su preocupación por la persecución a la prensa, indicando que hay un intento de criminalizar el trabajo informativo de los medios de comunicación. Criticó los intentos de someter a la prensa a la justicia por cuestiones que no se alinean con las intenciones del sector mayoritario. Es así que, Benítez advirtió sobre la recopilación irregular de pruebas en las últimas semanas, enfatizando que la situación es alarmante.

Finalmente, se refirió a la reciente aprobación de una ley en Diputados que, según él, busca institucionalizar este modelo de persecución y le otorgaría un marco legal, lo que considera preocupante para la democracia y la libertad de expresión.