Una requisa administrativa en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero dejó al descubierto la presencia de armas caseras, drogas, celulares y alcohol, en medio de una investigación por la desaparición de cinco pistolas del Estado.
Eran aproximadamente las 16:00 del lunes 2 de febrero, cuando una fuerte comitiva fiscal-policial irrumpió en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, ubicada en el barrio Santa Ana, en el marco de una requisa administrativa, impulsada tras un grave escándalo que sacudió al sistema penitenciario: la misteriosa desaparición de cinco pistolas pertenecientes al Estado paraguayo.
La intervención se dio horas después de la detención de cuatro guardiacárceles, sospechados de estar implicados en la desaparición de armas de fuego oficiales, un hecho que encendió las alarmas sobre una posible estructura interna de corrupción y connivencia con el crimen organizado dentro del penal. Durante el ingreso al predio, los intervinientes realizaron una minuciosa revisión de celdas, pabellones y sectores como el pabellón A, alta y baja del PCC, pabellón D, alta y baja del Clan Rotela y pabellón Cristiano, alta y baja, avanzando de manera sistemática, celda por celda, en busca de elementos prohibidos que pudieran confirmar la pérdida de control dentro del penal.
Como resultado del procedimiento, se logró la incautación de múltiples evidencias, entre ellas armas punzantes de fabricación casera, utilizadas presumiblemente como elementos de intimidación o ajuste de cuentas entre internos. Asimismo, fueron halladas porciones de drogas, cuyo tipo y cantidad serán determinados en el marco de la investigación fiscal.
Fuentes investigativas señalaron que esta requisa forma parte de una línea investigativa mayor, que busca esclarecer no solo el paradero de las cinco pistolas desaparecidas, sino también quiénes facilitaron el ingreso de objetos ilícitos y si existen vínculos entre funcionarios penitenciarios y grupos criminales. El procedimiento fue ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones regional Amambay, quienes ingresaron al penal acompañando al agente fiscal, abogado Andrés Cantaluppi, bajo la supervisión de autoridades penitenciarias.
Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades penales y administrativas, tanto de internos como de funcionarios, en un caso que amenaza con destapar uno de los episodios más graves dentro del sistema penitenciario de Amambay.