En una intervención del Ministerio Público, fiscales allanaron tres sedes de la Fundación Remar, en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Autoridades confirman que no hubo detenidos, pero sí se incautación de varias documentaciones.
La jornada de allanamientos comenzó con la sede central de la fundación, ubicada sobre la calle Teniente Ettiene y Las Residentas, en Fernando de la Mora, donde la comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente Carina Sánchez, llegó alrededor de las 8:20 de ayer viernes 30 de enero del 2026, en busca de evidencias que guarden relación con el hecho que se encuentra en pleno proceso de investigación; presunta trata de personas con fines de explotación laboral, un delito que pone bajo lupa a una ONG de larga trayectoria.
En el lugar, la comitiva fue recibida por la pastora Rail Barra Rodríguez, a quien se le entregó la orden judicial y tras el ingreso, los investigadores procedieron a la incautación de documentos varios y equipos informáticos, considerados claves para el análisis de la estructura administrativa y operativa del lugar.
Veinte minutos más tarde, a las 8:20, otro equipo de la comitiva liderada por la fiscal Susana González, ejecutó un allanamiento en la sede Remar Paraguay de la ciudad de Emboscada, donde fueron recibidos por Marino Pereira, durante este procedimiento, los intervinientes incautaron documentos varios, consistentes en registros de los residentes, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público como elementos de interés para la investigación en curso.
El tercer procedimiento en el marco de esta investigación, fue en la granja Remar, ubicada sobre la calle 15 de Agosto, compañía Mbocayaty del Sur, ciudad de Itauguá, en este lugar, la comitiva fue recibida por Roberto Antonio Oheler Franco, paraguayo, soltero, de 40 años, donde a pesar de una inspección minuciosa del inmueble, no se hallaron personas ni indicios que guarden relación directa con el hecho investigado.
Tras los allanamientos realizados en las distintas sedes de la fundación, el comisario Juan Pereira, director de Antisecuestro y Trata de Personas de la Policía Nacional, confirmó que las intervenciones no fueron improvisadas, sino el resultado de trabajos de inteligencia previos, desarrollados durante un período de seguimiento silencioso y análisis de información sensible.
Según explicó el jefe policial, los investigadores manejaban datos concretos que alertaban sobre una presunta práctica irregular dentro de la fundación: menores de edad rescatados y supuestamente asistidos por programas internos estarían siendo obligados a trabajar bajo el paraguas de una ayuda social que, en los hechos, no se estaría cumpliendo como tal.
El comisario Pereira señaló que la sospecha principal gira en torno a que niños y adolescentes, junto con algunos adultos, eran sacados de los recintos de la fundación para realizar trabajos en la vía pública, específicamente en la venta ambulante de dulces y facturas, recorriendo calles y barrios, expuestos a todo tipo de riesgos.
De acuerdo con lo manifestado por el director de Antisecuestro y Trata, lo más grave del caso es que estas personas no habrían recibido ningún tipo de pago, salario ni compensación, pese a las horas de trabajo realizadas. Remarcó además que, todo eso podría configurar un esquema de explotación, especialmente grave por tratarse de menores que ya se encontraban en condición de vulnerabilidad.