Imputan a cuatro policías por presunta extorsión y piden su prisión preventiva en Ciudad del Este

El Ministerio Público imputó a cuatro suboficiales de la Policía Nacional por supuestos hechos de extorsión, cohecho pasivo agravado y privación ilegítima de libertad. Los agentes habrían exigido USD 10.000 a tres personas para dejarlas en libertad, tras una presunta implantación de droga durante un control policial en Alto Par.

La agente fiscal del Ministerio Público, Vivian Coronel, imputó este miércoles a cuatro suboficiales de la Policía Nacional por los presuntos delitos de extorsión, cohecho pasivo agravado y privación ilegítima de libertad, en un caso que volvió a poner en cuestión el accionar de agentes de seguridad en procedimientos de control.

 Los procesados son Francisco Cuéllar, subjefe de la dependencia policial interviniente, junto a Silvio Bogado, Derlis Báez y Mauro Mendieta. Además de la imputación, la fiscala solicitó la aplicación de la prisión preventiva para todos los uniformados, atendiendo a la gravedad de los hechos investigados.
 De acuerdo con la denuncia, los policías habrían exigido la suma de USD 10.000 a dos ciudadanos brasileños y a una mujer paraguaya, pareja de una de las víctimas, a cambio de no procesarlos penalmente, tras supuestamente haber colocado droga en el vehículo en el que se desplazaban.

 Los hechos se habrían iniciado durante un control policial realizado sobre la ruta PY06, en jurisdicción de una subcomisaría de Alto Paraná, donde las tres personas fueron interceptadas y posteriormente trasladadas a la sede policial para una supuesta inspección de rutina.

 Las víctimas se desplazaban en un automóvil Chevrolet Onix, alquilado a una empresa privada, cuando los agentes les indicaron que debían acompañarlos hasta la dependencia policial para una verificación más exhaustiva, según el relato brindado ante las autoridades.


Previamente, el ciudadano brasileño denunció que ya había pagado G. 1.050.000 a otros agentes apostados sobre la ruta PY02, presuntamente de la Patrulla Caminera, en concepto de multa, sin que se le haya entregado comprobante alguno del pago.

Según la declaración de los denunciantes, el grupo se dirigía a Carmen del Paraná con el objetivo de dejar a la joven paraguaya en su domicilio, luego de haber regresado de un viaje desde el Brasil, cuando se produjo la intervención policial que derivó en su retención.

 Las tres personas permanecieron privadas de su libertad durante toda la noche y, siempre conforme a su versión, fueron intimidadas con la posibilidad de enfrentar una condena de entre cinco y diez años de prisión por la supuesta tenencia de drogas.

 En ese contexto, los agentes les habrían permitido trasladarse hasta Ciudad del Este para reunir el dinero exigido, acompañándolos hasta un hotel céntrico de la capital departamental de Alto Paraná, lo que posteriormente resultó clave para el avance de la investigación.

 Ya en el hotel, las víctimas intentaron pedir ayuda, motivo por el cual fueron obligadas a retirarse del lugar, ya que el establecimiento no quiso verse involucrado en un conflicto de esa naturaleza, según relataron los afectados.

 Posteriormente, uno de los jóvenes recibió la sugerencia de acudir a Migraciones para denunciar el caso, pero en el trayecto fue auxiliado por un agente de la Policía Turística, quien dio aviso a la Comisaría 1ª de Ciudad del Este, lo que permitió la intervención inmediata.


Como resultado, dos de los policías que acompañaban a las víctimas fueron detenidos frente al hotel, mientras que los otros dos uniformados fueron convocados a presentarse ante la Dirección de Policía. La fiscala Vivian Coronel afirmó que existen múltiples elementos de sospecha, incluyendo dispositivos móviles incautados, que respaldan la hipótesis fiscal, en un caso que ahora queda bajo análisis judicial y pone en debate la necesidad de controles más rigurosos sobre los procedimientos policiales.