Una serie de allanamientos simultáneos en Fernando de la Mora y San Lorenzo permitió a la Policía y al Ministerio Público avanzar en la investigación de un presunto esquema de estafas en la venta de vehículos. En el marco de estos operativos, hay una persona detenida.
Una comitiva integrada por representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional realizó ayer una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presunta estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, vinculada a la venta fraudulenta de vehículos. El primer procedimiento se realizó en la escribanía Jorge Quintana, ubicada sobre la avenida Mariscal López esquina Mateo Estigarribia, en la ciudad de Fernando de la Mora.
Horas más tarde, alrededor de las 10:20, se concretó el segundo allanamiento en la playa de vehículos Ocampo Automotores, situada sobre la avenida Mariscal López, en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central. En el lugar, los intervinientes detectaron indicios de transacciones irregulares entre compradores y la empresa. Durante el procedimiento fue aprehendido Ramón Gustavo Arrúa Garay, paraguayo, de 53 años, funcionario administrativo de la playa, quien quedó a disposición del Ministerio Público para su declaración indagatoria.
En este operativo, los agentes incautaron varios elementos de interés para la investigación, entre ellos una escopeta cuyo modelo no pudo ser identificado a simple vista, cuatro cartuchos sin percutir, un contrato privado de compraventa de vehículo y un teléfono celular de la marca Realme, modelo 11, que será sometido a peritaje para la extracción de evidencias digitales.
El tercer allanamiento se llevó a cabo en un taller mecánico ubicado en las calles Delfín Chamorro y Cerro Corá, del barrio Santa María de Fernando de la Mora, que presuntamente habría sido utilizado como parte del esquema delictivo para justificar reparaciones inexistentes o deudas falsas ante compradores.
De acuerdo con las primeras hipótesis, la red operaba mediante la comercialización de vehículos dañados, la generación de supuestas deudas por reparaciones costosas que nunca se realizaron y la producción de documentación apócrifa para respaldar contratos fraudulentos, en perjuicio de varios clientes del mercado automotor.
El Ministerio Público informó que las diligencias continúan y que se analizan tanto los documentos como los dispositivos incautados, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados, colaboradores, encubridores y víctimas dentro del esquema investigado.