Agentes especializados, con orden judicial y dirección fiscal, allanaron un establecimiento rural en Tavaí, departamento de Caazapá, donde procedieron al corte, destrucción e incineración de tres hectáreas de marihuana en etapa de crecimiento. El procedimiento se realizó en una zona alejada del casco urbano de la ciudad.
El procedimiento se llevó a cabo el martes 14 de enero de 2026, alrededor de las 09:00, en la compañía San Miguelito, distrito de Tavaí, en un establecimiento rural ubicado en el oeste del departamento, una zona de difícil acceso, rodeada de vegetación espesa y alejada del casco urbano.
El operativo se ejecutó tras varias semanas de investigación sobre la presencia de cultivos ilícitos en la zona y dando cumplimiento a la orden de allanamiento que firmó el juez de la zona. Una vez en el lugar, los intervinientes procedieron a inspeccionar el predio rural, detectando tres parcelas de una hectárea cada una, totalizando tres hectáreas de plantación, donde crecían las plantas de marihuana, dispuestas en hileras y en pleno desarrollo.
De manera inmediata, y conforme a los protocolos legales vigentes, se dispuso el corte total de las plantas, seguido de su destrucción e incineración en el sitio, evitando así su posible traslado o reutilización. En paralelo, fue desmantelado y destruido un campamento precario, presumiblemente utilizado por los responsables del cultivo para vigilancia y permanencia en la zona.
Como parte del procedimiento técnico, se realizó el análisis primario de campo mediante el sistema Narcotest a cargo del suboficial mayor Reinaldo Ramírez, personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, arrojando como resultado positivo a marihuana, confirmando la naturaleza ilícita del cultivo erradicado.
El operativo culminó sin personas detenidas, no obstante, los antecedentes del procedimiento fueron elevados al Ministerio Público para la prosecución de la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables del establecimiento rural y a los presuntos involucrados en la producción de droga.
La intervención fue encabezada por personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, región Caazapá, a cargo del comisario principal Marcos Velázquez, que actuaron bajo estricta coordinación de la abogada Andrea Zunini Pérez, agente fiscal interina de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.
