El compatriota fue sentenciado por los hechos de delito continuado de agresión sexual a menor de edad, utilización de menores para la elaboración de material pornográfico y posesión de pornografía infantil tras aceptar los cargos.
Un militar paraguayo aceptó los cargos y fue condenado a 18 años y nueve meses de prisión por delito continuado de agresión sexual a menor de edad, utilización de menores para la elaboración de material pornográfico y posesión de pornografía infantil en la provincia de Alicante, España, en la que fue víctima la nieta de su pareja, de apenas 2 años. La fiscalía había pedido 25 años de prisión como condena.
Según el diario de Mallorca, el condenado es un militar paraguayo que reside en España desde el 2012. Fue detenido en Alicante el 14 de marzo del 2025, tras la detección de los hechos a través de una alerta de Google, y pasó nueve meses en prisión preventiva hasta la resolución del procedimiento.
Los hechos en España involucraron a la nieta de su pareja, de tan solo dos años, que solía quedarse al cuidado de su abuela en su domicilio en Alicante. La investigación se inició a raíz de que la compañía Google detectara la presencia de contenido sensible almacenado en la nube desde un teléfono del acusado y puso los hechos en conocimiento del National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos, que trasladó la información a las autoridades españolas.
El diario de Mallorca indició que durante la entrada y registro practicada en el domicilio del procesado en Alicante, la Policía localizó varios dispositivos con material de pornografía infantil, entre ellos imágenes de la nieta de su pareja y de otra menor y que habrían sido grabadas por él mismo con su teléfono móvil.
Al hacer las grabaciones, el archivo se subía automáticamente a la nube y en Google saltaron las alertas. Según fuentes cercanas al caso, parte de este material habría sido grabado en Paraguay, país al que el acusado viajaba con frecuencia. Estos hechos serán enjuiciados de manera independiente en ese país una vez que cumpla la condena impuesta en España.
En un primer momento, el acusado negó los hechos e incluso llegó a sostener que, como monitor de los scouts, se dedicaba a recopilar este tipo de material con el único propósito de denunciarlo. Sin embargo, ha cambiado de versión, nueve meses después, y finalmente ha reconocido los graves delitos que se le imputaban, aceptando el acuerdo de conformidad.
Se ha impuesto una orden de alejamiento de 10 años que le impide contactar con la víctima una vez cumplida la pena de prisión, así como el pago de una indemnización de 30.000 euros.