Una investigación policial detectó serias irregularidades en la trazabilidad de armas legalmente importadas al país, varias de ellas fueron incautadas en operativos internacionales antes de aparecer en facturas de empresas locales. La causa apunta a un esquema de desvío con alcance transnacional.
La madrugada del lunes 15 de diciembre del 2025 fue escenario de una de las intervenciones más delicadas contra el crimen organizado en el área metropolitana. A las 04:45 empezaron a ejecutar los allanamientos, los primeros dos en viviendas particulares y horas después en un local comercial ubicado en Asunción, todo en el marco de una investigación por presunta transgresión a la Ley 4036/10, vinculada a la tenencia, comercialización y trazabilidad de armas de fuego.
El primer allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre una calle sin nombre, manzana D4 del barrio San Francisco de Asís, en la ciudad de Limpio. Allí, los agentes procedieron a la detención de Tamara Scarlet Recalde Viveros, paraguaya, soltera, de 26 años. Durante la inspección del inmueble fueron incautados un teléfono celular, una notebook, dos chequeras de una cooperativa y documentos varios, elementos que pasarán a formar parte del análisis financiero de la causa.
De manera paralela, otro equipo policial irrumpió en una segunda vivienda situada sobre las calles Fernando Mompox, entre Estados Unidos y Brasil, en la ciudad de San Lorenzo y en el lugar fue detenido Nelson Osmar Rizzi, paraguayo, soltero, de 43 años, quien quedó bajo custodia tras el hallazgo de un impresionante arsenal.
Dentro del inmueble, los intervinientes encontraron escopetas, rifles, pistolas y revólveres de distintos calibres y marcas, incluyendo armas de grueso calibre como un revólver Smith & Wesson calibre 44 Magnum; además de pistolas calibre 9 milímetros, armas largas, cartuchos, cajas de armas, tres teléfonos celulares, una tablet, una notebook, agendas y un automóvil Volkswagen Gol, lo que reforzó la hipótesis de una estructura organizada vinculada al manejo irregular de armamento.
Allanamiento y bloqueo de casa comercial
El tercer punto intervenido fue el local comercial “Camping 44”, donde se constituyó personal policial acompañado por técnicos de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel). En el lugar se procedió a la incautación de documentaciones relacionadas con la trazabilidad y autorizaciones de venta de armas de fuego, además de un teléfono celular y una notebook. En la misma línea investigativa, la Digemabel anunció el bloqueo de la comercialización de armas y municiones en este comercio. La oficialización de esta decisión institucional la hizo el general Melanio Servín, director general de Material Bélico.
Los procedimientos se realizaron en cumplimiento del mandamiento de allanamiento fechado el 12 de diciembre del 2025, firmado por el juez penal especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, segundo turno, y estuvieron dirigidos por los agentes fiscales Alejandro Cardozo y Juan Sandoval, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Crimen Organizado.
Línea de investigación
El comisario Luis López, jefe del departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, confirmó a La Tribuna que la investigación que motivó los allanamientos y detenciones por presunto tráfico de armas se originó tras detectar anomalías en la trazabilidad de armamento legalmente importado al país. Según explicó, varias de las armas que habían sido decomisadas en operativos en el Brasil, especialmente en Río de Janeiro, aparecieron días después facturadas y registradas por una empresa nacional, lo que encendió las alertas sobre posibles irregularidades en la documentación de ventas y exportaciones.
En ese marco, el comisario López detalló que el análisis de la documentación de importación, venta y respaldo legal de las armas incautadas es uno de los ejes centrales de la investigación. Hasta el momento, se logró identificar al menos 32 armas que, aunque ingresaron al país de forma legal, luego se habrían desviado del circuito formal a través de empresas de fachada que simulaban compras oficiales para luego exportarlas ilegalmente, muchas veces terminando en manos de organizaciones criminales como el Comando Vermelho.
El comisario también aclaró que, dentro de las personas detenidas, hay quienes estaban encargadas de retirar físicamente las armas y otros que manejaban los sistemas informáticos y la trazabilidad documental de estas operaciones, lo que ha permitido avanzar en la identificación de posibles vínculos con redes de crimen organizado transnacional.
