La Senad allanó una importadora que enviaba armas, drogas y municiones destinadas a favelas brasileñas. Tres implicados fueron detenidos durante el procedimiento, incluyendo el dueño y financista del esquema.
La aparente formalidad con la que operaba una discreta importadora de vehículos terminó por el piso en la mañana de ayer lunes cuando agentes de la Senad irrumpieron en el local comercial buscando dar un golpe directo contra el abastecimiento de armas y drogas del Comando Vermelho brasileño. La intervención se produjo luego de semanas de vigilancia y seguimientos silenciosos; según los investigadores, la información apuntaba a la existencia de un soporte logístico desde Paraguay hacia las favelas de Río de Janeiro y el operativo reveló un esquema oculto detrás de una empresa que ofrecía autos “de alta gama”. Detrás de esa fachada se escondía una estructura criminal diseñada para adaptar vehículos de cualquier porte y convertirlos en plataformas de transporte para cargas ilícitas.
Al asegurar el perímetro, los antidrogas se encontraron con uno de los puntos clave del caso, una pared falsa dentro de la oficina principal, perfectamente disimulada. Al derribarla, los intervinientes confirmaron que el lugar servía como depósito oculto para armas, drogas y componentes destinados al crimen organizado. Las líneas investigativas señalaban a tres piezas centrales dentro de la organización, en la cima estaba Víctor Manuel Greco Céspedes, señalado como dueño, financista y responsable del funcionamiento de la empresa de fachada, este hombre era quien proveía el soporte económico y definía los movimientos logísticos.
Por debajo de Greco Céspedes operaba Gustavo Alejandro González Díaz, alias Chaco, de 31 años, considerado el operador logístico del esquema, él se encargaba de modificar automóviles, camiones y transportes de gran porte para instalar compartimentos especiales destinados a ocultar armas, municiones y cargamentos de droga. Las indagaciones también revelaron que “Chaco” realizaba viajes frecuentes a Bolivia para adquirir armamento, ingresándolo después al país desarmado para burlar los controles y reducir cualquier riesgo de detección fronteriza. El tercer implicado, Luis Miguel Duarte Benítez, de 36 años, señalado como chofer y encargado directo del traslado de las cargas adaptadas, su función era movilizar los vehículos ya modificados y coordinar su salida hacia rutas que conectaban con redes criminales vinculadas al Comando Vermelho.
En el interior del establecimiento intervenido, los agentes hallaron múltiples evidencias aún en proceso de verificación técnica, de manera preliminar se confirmaron: municiones calibre .50, tanto expansivas como incendiarias, porciones de cocaína listas para distribución, marihuana tipo cera o hachís, de mayor concentración, componentes de fusiles automáticos y semiautomáticos, listos para ensamblaje.
Perfil del financista
Víctor Manuel Greco Céspedes, 37 años de edad, nacido en General Elizardo Aquino, departamento de San Pedro, está casado con Nathalia Noemí Medina Acevedo, actuaria judicial de la Corte Suprema de Justicia.
Greco Céspedes, es propietario de la empresa VGC importaciones, firma que opera como una empresa que ofrece servicios de importación de vehículos de alta gama desde su creación, hace aproximadamente un año de acuerdo a los datos que manejan los investigadores. En lo referente a su nexo con las estructuras criminales, los investigadores señalan que VGC no tardó en insertarse en el engranaje delictivo, ya que, según sospechas, desde el primer día de operaciones ya mantenía vínculos activos con redes que operaban dentro y fuera del país.
