La Cámara de Apelaciones ratificó la condena contra el suboficial responsable del disparo que dejó sin vida al dirigente liberal en el 2017. El suboficial condenado ya estaba suspendido por la institución policial y había dejado de cobrar su salario desde octubre del 2024.
En la madrugada del 1 de abril del 2017 se desató uno de los episodios más traumáticos de la historia democrática de nuestro país, un operativo policial irrumpió violentamente en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Entre el humo, la tensión y el caos, un disparo cambió para siempre el curso de los acontecimientos. Aquel proyectil, ejecutado por el suboficial de la Policía Nacional Gustavo Adolfo Florentín Silva, segó la vida del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
A 8 años de aquel episodio, fue dictada la sentencia definitiva número 151, de fecha 11 de abril del corriente año; 24 años de prisión para Florentín por homicidio doloso agravado. Pero la historia no terminó allí, la defensa del suboficial apeló diciendo que no se probó con claridad cuál fue el arma homicida ni que él disparó la bala fatal; sin embargo, el 17 de noviembre del 2025, la Cámara de Apelaciones en lo Penal (Segunda Sala, Capital), con los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro, rechazó por unanimidad la apelación y confirmó la condena.
Gustavo Florentín no era un policía cualquiera
En el momento de los hechos pertenecía a la unidad antidisturbios, entrenado para manejar situaciones de confrontación y represión. Sin embargo, durante el juicio su defensa sostuvo que el arma se disparó accidentalmente, en un forcejeo. Pero los peritajes balísticos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público apuntaron en otra dirección, su escopeta utilizaba munición letal, y no balines de goma como otras armas del operativo.
Policía Nacional dio de baja definitiva al suboficial
La Policía Nacional decidió sancionar con la baja definitiva al suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva, condenado por el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana, la medida fue ratificada durante la última sesión del Tribunal de Calificaciones. En tal sentido, la comunicación al Ministerio del Interior ya fue hecha por el conducto correspondiente, no obstante, para que se concrete la expulsión definitiva del ahora condenado, dicha cartera de Estado, debe remitir la nota oficial al ejecutivo y el presidente de la República, Santiago Peña, debe firmar un decreto con el cual se oficializa la expulsión de Florentín.
Entre los excluidos de la institución policial figuran otros cuatro oficiales, un cadete y 42 suboficiales que cometieron diversos hechos que no condicen con su condición de ser un agente uniformado de la fuerza pública.
Proceso de baja disciplinaria
Cuando un policía comete una falta que puede merecer la “baja”, según la ley 7280/2024, se inicia un sumario administrativo. El sumario lo lleva un juzgado de instrucción de sumarios dentro de la estructura policial y en esa etapa se recogen pruebas: testimonios, documentos, informes, se citan testigos, etc. Una vez concluido y si el Tribunal de Calificaciones emite un dictamen favorable para la baja, la sanción debe ser aplicada por el Poder Ejecutivo vía decreto.
