Ocurrió el día lunes a las 07:30 sobre la avenida Bernardino Caballero, del barrio Boquerón de Ciudad del Este, cuando el funcionario del circo Mundial, identificado como David Damaschek, de nacionalidad alemana, se percató de la presencia de un hombre que estaba apoderándose de algunos objetos, como las clavas de malabares, lata de pintura, cajas de gaseosas y algunas latas de cerveza que estaban en el sitio. Al darse cuenta de la intención del hombre, se comunicó con la Policía local denunciando el robo en el circo.
Detención en flagrancia
Cuando los agentes llegaron al sitio, lo encararon exigiéndole la devolución de los elementos; entretanto, él trató de huir intentando abordar un colectivo, momento que los agentes aprovecharon para detenerlo. La Policía identificó al presunto delincuente como Juan Gabriel Martínez Rojas, de 24 años de edad, sin antecedentes según el sistema informático de la Policía.
Procedimientos legales
Los agentes comunicaron el supuesto hecho punible, de robo agravado en situación de flagrancia, al agente fiscal de turno, abogado Luis Escobar, quien dispuso que pusieran al detenido a disposición de la unidad penal número 7 de la Fiscalía regional de Ciudad del Este.
En comunicación con La Tribuna, el fiscal que entiende en la causa, abogado Luis Escobar, explicó que ya imputaron a Juan Gabriel Martínez Rojas por la figura penal de hurto agravado y que su unidad ya solicitó la prisión preventiva para él.
No obstante, comentó que el imputado cuenta con varios presupuestos favorables a su favor, entre los que se puede citar no tener antecedentes similares, la recuperación de los objetos robados y también se pondrá en análisis la conducta del mismo durante el proceso. “Si muestra un arrepentimiento, ese comportamiento es algo que le favorece para una posible salida procesal y que va quedar a cargo del Juzgado”, acotó el agente del Ministerio Público.
Expectativa de la pena
En cuanto a la expectativa sobre la figura penal utilizada para la imputación de Martínez Rojas, el fiscal explicó que podría ir de entre 2 a 10 años de pena privativa de libertad. A partir de este momento, queda a cargo del Juzgado.