Cuando Paraguay atravesó conflictos bélicos, en los que el país quedó expuesto al despojo de su territorio, población, economía, historia y cultura —durante la Guerra de la Triple Alianza y, posteriormente, la Guerra del Chaco—. Probablemente. hubo quienes no se comportaron como verdaderos compatriotas y evitaron el frente de batalla. Sin embargo, si hoy tenemos independencia, se la debemos a quienes sacrificaron su suerte en el campo de batalla, no a quienes se quedaron escondidos bajo la cama.
Paraguay requiere una reforma estructural en términos organizacionales y de administración pública. Desde luego, es muy fácil sostener esto cuando uno no está dentro del grupo al que se le ampliarán los plazos para acceder a una jubilación digna o cuando la medida eventualmente implique un mayor aporte mensual.
Ni qué decir si el impacto alcanza a algún familiar al que le queda poco tiempo para iniciar el proceso de jubilación. Los sectores vulnerables deben ser escuchados, pero al mismo tiempo necesitan proponer soluciones con responsabilidad compartida; de lo contrario, incluso quienes no tienen —ni tendrán— jubilación también quedaremos expuestos, al vernos obligados a cubrir con impuestos el déficit de las cajas jubilatorias. Se lo mire por donde se lo mire, hay costos.
La cuestión es decidir si se realiza un ajuste ahora o si se prolonga una crisis que pone en riesgo el desarrollo del país. Esto, porque cada vez que el Estado debe destinar recursos para cubrir el desfasaje, deja de invertir en infraestructura, educación, salud y oportunidades.
Necesitamos un plan nacional en el que se realicen los ajustes imprescindibles, pero también se establezca una compensación que evite que los afectados queden completamente desamparados. Aquí es donde deben intervenir la inteligencia estatal, la iniciativa privada y el compromiso cívico que se espera de los mayores. Un acuerdo social en el que hombres y mujeres cedan, asuman sacrificios y proyecten, porque estamos en guerra.
A nivel internacional, cuando un país enfrenta un régimen previsional público deficitario (de reparto/PAYG, como la Caja Fiscal). También, las soluciones suelen agruparse en dos familias: ajustes paramétricos “tradicionales” y reformas estructurales. Además, existe un abanico de opciones más modernas o disruptivas que incluyen inversión privada, nuevos vehículos financieros y una participación más activa de la sociedad civil en la gobernanza y el control.
Ajustes paramétricos (sin cambiar el “modelo”): edad mínima de jubilación; años de aporte; tasa de contribución; fórmula del beneficio; indexación de haberes; topes y pisos; depuración y control.
Unificación/armonización de regímenes (equidad y eficiencia): convergencia de reglas; eliminación de regímenes especiales; portabilidad entre regímenes.
Financiamiento fiscal explícito (si se asume que es un “servicio público”): aporte patronal estatal realista (no simbólico), presupuestado con reglas; creación de un Fondo de Reserva (tipo “fondo soberano/previsional”) con normas para aportes extraordinarios cuando haya superávit o ingresos no recurrentes.
Por otro lado, existen respuestas más disruptivas y con mayor riesgo, como la inversión previsional con mandato de desarrollo: invertir una parte en infraestructura, vivienda social, energía, APP y crédito productivo, con límites estrictos de riesgo, liquidez y concentración.
Sea cual fuere la respuesta que se decida aplicar, debe sustentarse en un consenso social mínimo, un acuerdo político, un marco legal sólido y claro, y una lógica de cumplimiento con plazos definidos. Estamos en guerra: habrá que ver quiénes asumirán los sacrificios y quiénes permitirán que el país no encuentre una salida.