El azar de la vida o la muerte de cualquier ciudadano que acierte a cruzarse en el camino de algún “motochorro” o “peajero”. O que le entren en la casa a sangre y fuego como el reciente asalto en una vivienda en Fernando de la Mora, con dos muertos como saldo.
El azar de ver correr por la alcantarilla el fruto del esfuerzo de toda una vida por alguna trampa legal orquestada en complicidad o desde las mismas instituciones que deben garantizar seguridad jurídica. La “mafia de los pagarés” es un ejemplo más que elocuente de ello.
Un joven que, pese a su corta edad, contaba ya con frondosos antecedentes estaba libre, sin ningún impedimento para mantener en jaque la seguridad y la vida de sus potenciales víctimas.
No es el primero ni será el último en que, por ineficacia de un sistema legal impregnado de desidia o corrupción, ocurre este tipo de casos.
Nuestro ordenamiento jurídico se funda en un sistema donde tres poderes conforman la columna vertebral del Estado. Tres patas en un delicado juego de equilibrio de responsabilidades y compromisos con la sociedad.
Ese es, al menos, el formato ideal de un sistema republicano de gobierno. Pero que no necesariamente se cumple, como cuando el aparato legal es utilizado como garrote para los adversarios políticos y escudo para los allegados, políticos o comerciales.
Cuando es incapaz de ofrecer al pueblo las garantías de seguridad que necesita en su vida cotidiana. De nada sirve el esfuerzo de la Policía para sacar de circulación a quienes amenazan la seguridad si el sistema legal no cumple su parte.
Y si bien es cierto que el sistema de persecución penal es garantista y que la Acordada 1.511/2021 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recomienda aplicar la prisión preventiva en forma excepcional, esto no significa que el juez viva en un termo y aplique la norma sin una interpretación y valoración del contexto de los hechos.