El proyecto de la construcción de una represa hidroeléctrica surgió en la década de 1970 como respuesta a la creciente demanda energética en el Cono Sur. Firmado el Tratado de Yacyretá en 1973, entre los presidentes Alfredo Stroessner de Paraguay y Juan Domingo Perón de Argentina, el acuerdo estableció la EBY como entidad autónoma para construir y operar la represa.
El objetivo era aprovechar el caudal del Paraná, el segundo río más largo de Sudamérica, para generar hidroelectricidad a gran escala. Técnicamente, es una represa de tipo gravedad con vertedero y casa de máquinas integrada.
Su estructura principal incluye un dique de tierra y hormigón de 65 km de longitud, uno de los más extensos del mundo, con una altura máxima de 42 metros. El embalse cubre unos 1.600 km², inundando áreas en ambos países.
Originalmente, el diseño contemplaba 20 turbinas Kaplan de 155 MW cada una, para una capacidad total de 3.100 MW a una cota de 83 msnm. Sin embargo, debido a disputas ambientales y financieras, la operación inicial se limitó a una cota de 76 msnm, reduciendo la potencia a cerca del 60% de lo planeado.
Esta operación inadecuada hasta 2011 afectó significativamente a las máquinas, que ya presentaban problemas de diseño, convirtiendo el mantenimiento en un aspecto fundamental y una potencial “bomba de tiempo” si no se realiza con cuidado adecuado.
Lamentablemente, Yacyretá ha carecido históricamente del flujo de caja necesario para sustentar un buen mantenimiento de sus 20 turbinas instaladas. La construcción, iniciada en 1979 con financiamiento del Banco Mundial y el BID, enfrentó retrasos por corrupción alegada, reubicaciones de poblaciones indígenas e impactos ecológicos.
En 1992 se firmó un acuerdo (nota reversal) que buscaba viabilizar la culminación de las obras, poco antes de la entrada en operación de la primera turbina en 1994. Este establecía una tarifa de 30 dólares por MWh, ajustable según indicadores definidos, y que Argentina aceptó contablemente (hoy alrededor de 50-54 USD/MWh).
Sin embargo, el Congreso paraguayo rechazó esta nota en 1995. Para Paraguay, no existe tarifa fija reconocida; los pagos se hacen “a cuenta de”, acumulando deudas de ANDE y EBYSA por energía comprada. ANDE paga 23,6 USD/MWh (descontando ~7 USD por compensación de cesión de energía que Paraguay considera inaplicable).
Argentina pagaba históricamente lo que quería (17-18 USD/MWh), acumulando deuda multimillonaria con su Tesoro. El año pasado se estableció un compromiso de 28 USD/MWh por ambos países, no como tarifa nueva, sino para generar flujo de caja que permita terminar Aña Cuá y realizar mantenimientos necesarios.
Próxima entrega: Producción actual, aspectos técnicos e impacto ambiental.
(*) César Addario Soljancic. Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador Nayib Bukele.