Esta realidad, por más de que algunos quieran taparla, fue nuevamente puesta en evidencia por el Ministerio de Trabajo. Según datos oficiales, más de 6.600 trabajadores fueron encontrados en situación de irregularidad en sectores como estaciones de servicio, obras de construcción e industrias. ¿Las causas? Jornadas laborales extendidas sin el pago correspondiente de horas extras, descuentos arbitrarios por uniformes o pérdidas y hasta la no entrega de recibos de salario, lo que impide al trabajador siquiera saber cuánto gana realmente.
Y eso es apenas la punta del iceberg. Hay más de 300 inspecciones todavía en proceso. Estamos hablando de miles de paraguayos, en su mayoría jóvenes, que todos los días salen a ganarse el pan con sudor, pero terminan siendo explotados por patrones que obran como si la ley no existiera.
El caso de los obreros de la construcción es quizás el más patético. Bajo el sol abrasador o bajo la lluvia, casi siempre sin equipos apropiados, sin seguro, sin protección, sin condiciones mínimas de seguridad, los albañiles y sus ayudantes enfrentan jornadas de 10 o 12 horas por una paga miserable. Ni hablar de los que trabajan en restaurantes o call centers, donde la rotación de personal esconde un mecanismo perverso para evitar pagar horas extras, aguinaldo o vacaciones.
En este contexto, la actitud de ciertos empleadores realmente es inmoral. Es una forma de violencia silenciosa, amparada en el miedo y la necesidad ajena. No se trata de todos, por supuesto. Muchos empresarios cumplen con todas sus obligaciones, ofrecen empleo formal, pagan a tiempo, dan aguinaldo, seguro y más.
A ellos, este comentario no solo no los critica, sino que los defiende. Porque ellos también son víctimas de una competencia desleal por parte de aquellos que basan su modelo de negocios en el abuso laboral.
Y ahora llega diciembre, el mes en que se pone a prueba quién cumple y quién no. El aguinaldo, ese derecho tan añorado, vuelve a estar en riesgo para miles de trabajadores formales, informales o encubiertos, para quienes simplemente “el décimo tercer salario del año” es una quimera. Jamás lo han cobrado.
Por eso es valioso que la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, haya decidido encarar una campaña intensiva desde el 1 de diciembre para informar y concientizar sobre el derecho al aguinaldo. Desde cómo se calcula hasta cómo se reclama. Porque el aguinaldo no es un regalo navideño del patrón: es parte del salario. Es lo que le corresponde al que trabajó todo un largo año.
Recalde fue clara: todas las patronales, incluso aquellas que se esconden tras contratos de “prestación de servicios”, “comisionistas” o relaciones laborales camufladas están obligadas a pagar el aguinaldo. Y también a inscribir a sus trabajadores en el IPS. No hacerlo es un fraude.
Las multas aplicadas ya superan los 7.000 millones de guaraníes, pero eso no es suficiente. El Ministerio debe ir por más. Debe ampliar su plantel de inspectores, debe llegar a cada ciudad, a cada obra, a cada local comercial donde se repiten las prácticas de siempre: promesas incumplidas, salarios de hambre y cero derechos.
Porque trabajar no debería ser un calvario. El trabajo es, o debería ser, una vía de superación, de dignidad, de construcción de ciudadanía. No un castigo ni una trampa. Y los jóvenes —que entran al mercado laboral con ilusión y urgencia— no deberían ser el blanco fácil de la codicia empresarial.
Este comentario puede incomodar a los patrones que no están cumpliendo con la ley. Pero a los que sí lo hacen, debería servirles de respaldo. Porque también ellos sufren las consecuencias de competir con empresas que reducen costos a costa de esclavizar. La ley laboral no es una traba: es una garantía de juego limpio.
Y el Estado debe estar del lado del que cumple, del que trabaja, del que sueña con progresar sin ser pisoteado. A esos, este comentario los acompaña.
Porque el trabajo no puede seguir siendo un tormento. Tiene que ser un empleo digno. Y punto.


