Sin lugar a dudas, este es un tema que requiere del análisis desde diversos ámbitos de la ciencia: la sociología, la sicología, la economía… Pero hagamos un ensayo de explicación desde una posición algo más modesta, tipo “arandú ka’aty”.
Donde no hay justicia, no puede haber paz, ni libertad. Esto está patente a lo largo de la evolución de la sociedad humana. Se pierde en la niebla de los tiempos cuando el hombre comenzó a tomar conciencia de sus derechos y a pelear por ellos.
Este ejercicio de derechos se desarrolló históricamente en un contexto de violencia como reacción de individuos o grupos en ejercicio del poder, en cualquiera de sus formas. Pero recién en 1986 se acuñó una frase que resume en pocas letras el concepto: “No justice, no peace” (Sin justicia no hay paz). Fue tras la muerte de un joven negro, Michael Griffith, durante un ataque racista de un grupo de jóvenes blancos, en la localidad de Queens, Nueva York.
A la justicia se la define como “virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde”. Ulpiano, jurista romano, la resumió como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”.
“Dar a cada uno lo suyo”, por ahí comienza el asunto. Y para garantizar su aplicación se crean las instituciones como Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, etcétera.
El problema surge cuando estas mismas instituciones no solamente violentan los fines para los que fueron creados, sino que se convierten en herramientas al servicio de las injusticias y las tropelías que violan esos derechos. Un fiscal que protege a un hijo sospechado de una violación, la “mafia de los pagarés”, los “aprietes” fiscales, o la rentable práctica de las “prisiones domiciliarias” a peligrosos delincuentes hablan por sí mismos.
Y si entramos a indagar en la administración del Estado, en el uso y abuso que se hace de los recursos públicos, la cosa se enturbia todavía más.
La violencia tiene múltiples rostros. Es violencia el despojo de un bien obtenido con esfuerzo y trabajo; es violencia que un alcoholizado atropelle y mate a una persona y luego huye sin recibir castigo por desidia de la Fiscalía; es violencia un crimen por encargo, es violencia que un ciudadano de a pie se deslome trabajando para apenas sobrevivir, mientras unos privilegiados manosean impúdicamente de los recursos públicos sin trabajar.
Por lo señalado, sospecho que el nivel de violencia que observamos no es, sino el reflejo de un estado de frustración social generalizada ante la incapacidad de las instituciones del Estado de dar respuestas que la ciudadanía necesita, sea por desidia, incapacidad, o porque ellas mismas están corrompidas.