En el ámbito privado rige el dicho popular de que el “ojo del patrón engorda al ganado”. El dueño es un celoso contralor del uso de sus bienes, de la eficiencia en la administración de los mismos. Los actos de corrupción o deslealtad tienen inmediatas consecuencias: despido, algún castigo penal, y ese empleado queda con el estigma de ladrón, infiel, ante potenciales nuevos empleadores.
En la administración pública a menudo ocurre al revés. El funcionario “pillado” en sus travesuras es promovido, ascendido, rescatado de la “zona caliente” hasta que se calmen las aguas. La impunidad es la norma.
La reflexión viene a cuento de lo que ocurrió y está ocurriendo en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), una entidad financiera del Estado creada para apoyar con créditos a pequeños productores rurales y artesanos.
Desde el año 2021 a esta parte se viene dando una seguidilla de casos en los que funcionarios del ente tramitan y canalizan créditos a nombre de clientes del banco, sin el conocimiento, y mucho menos el consentimiento, de los beneficiarios.
En el año 2021 ocurrió en la sucursal San Pedro del Paraná del CAH. Un cálculo por lo bajo se estima que el CAH desembolsó unos G. 650 millones en créditos que no llegaron a los agricultores.
En el 2023 ocurrió un caso similar en Coronel Bogado, donde se repitió el mismo “modus operandi”: créditos tramitados a nombre de beneficiarios que existían solamente en los papeles.
Entre el 2023 y el 2024 ocurrió otro caso en el centro de atención al cliente del CAH en Pirapó. Al menos 10 pequeños productores denunciaron haber sido objeto de estafa por medio de préstamos obtenidos a su nombre.
Cualquiera que haya solicitado un crédito en una entidad privada sabe de los requisitos y controles que debe sortear para obtenerlo. Poco más y debe presentar una carta de recomendación de su abuela.
Estos casos que afectan al CAH, graciosamente se dispone del dinero público mediante maniobras fraudulentas, sin consecuencia alguna. Nadie fue preso por estos casos. El escenario que nos presenta en este caso es que existe complicidad de los altos niveles de control administrativo, o cuando menos una gran “desprolijidad” en el manejo del dinero público. Ambos son totalmente reprochables.