La inteligencia artificial permite redactar en segundos un documento que antes llevaba horas. Ese ahorro de tiempo puede ser útil para un gobierno, aunque no garantiza mejores decisiones. También puede facilitar la circulación de errores o multiplicar planes sin aplicación. En Paraguay, su incorporación merece evaluarse por lo que aporta a la gestión y a los servicios que recibe la población.
El estudio “Inteligencia artificial y prospectiva en la gestión pública de América Latina y el Caribe”, de Javier Medina Vásquez, Carlos Sandoval Escudero y Carlos Ocampo Arango, publicado por la Cepal, advierte que la tecnología llega a instituciones con dificultades para formular y sostener políticas de largo plazo.
Paraguay figura junto con Guatemala, Honduras y México en el grupo de baja inteligencia artificial y baja prospectiva. La clasificación es exploratoria y se basa en los perfiles de participantes de una consulta no probabilística. No constituye una evaluación integral del Estado paraguayo ni permite establecer un ranking definitivo.
Con esa limitación, el trabajo aporta elementos para discutir el uso de estas herramientas en la administración pública. Resolver tareas con mayor rapidez tiene utilidad, pero preparar a una institución para anticipar problemas requiere otras capacidades. La prospectiva permite examinar escenarios y riesgos para orientar las decisiones actuales según sus posibles consecuencias.
El envejecimiento, el empleo juvenil o las necesidades de agua y transporte ofrecen campos concretos para ese trabajo. La IA puede ayudar a ordenar información y explorar escenarios. Corresponde a los equipos públicos detectar los datos faltantes y contrastar los resultados con lo que viven las comunidades. Una familia ausente de los registros también necesita servicios, aunque sus necesidades no aparezcan en el análisis.
Los autores sostienen que la IA amplifica capacidades existentes. Desde esa perspectiva, comprar tecnología difícilmente alcance para reducir las diferencias entre instituciones. Una oficina con personal preparado puede aprovecharla mejor; otra, sin datos ni criterios de validación, corre el riesgo de incorporar errores difíciles de advertir en documentos bien redactados. La distancia entre ambas podría aumentar.
La formación de funcionarios necesita ir acompañada de procedimientos documentados que puedan sostenerse cuando cambien las autoridades. También debe quedar claro quién revisa los resultados y quién responde por las decisiones. Cuando una recomendación afecta la asignación de recursos o la prestación de servicios, sus fundamentos deben estar disponibles para el escrutinio ciudadano. El uso de un sistema no exime de responsabilidad a quienes deciden.
Para Paraguay, una evaluación útil tendría que considerar los problemas resueltos y los riesgos anticipados, además de las licencias adquiridas o los documentos producidos. En el periodismo ocurre algo parecido: publicar más no asegura una mejor comprensión. En la gestión pública, el balance de la IA dependerá de si permite detectar a tiempo una necesidad y mejorar la respuesta del Estado, con decisiones que puedan explicarse y revisarse.