Hay una frase que los tecnólogos repetimos hasta el cansancio: “instalar una cámara es comprar un problema de seguridad”. En varios colegios y escuelas del país, ese problema fue instalado en los accesos a los baños, sin avisar a los padres y sin un solo documento que explique quién mira, quién graba, cuánto se guarda y quién responde si las imágenes se filtran.
Seamos precisos. Una cámara que registra el ingreso a un sanitario escolar captura a menores de edad en uno de los espacios de mayor intimidad de su jornada. Eso es dato personal, y la Ley 7593/2025 de Protección de Datos Personales exige finalidad legítima, información previa, proporcionalidad y medidas de seguridad. Un cartel pegado en la pared no es consentimiento; es un adorno. Lo que corresponde es un aviso formal, una política de videovigilancia firmada con las familias y un responsable designado con nombre y apellido.
Nuestro muestreo agrava el cuadro. Los equipos adquiridos son de gama baja, poco administrables y con medidas de seguridad mínimas. En esa categoría es habitual encontrar contraseñas de fábrica, Firmware sin actualizar, cifrado débil y ningún registro de quién accede a las imágenes. Son dispositivos que cualquier buscador especializado, como Shodan, cataloga en minutos si quedan expuestos a Internet. Es decir, la imagen de un adolescente entrando a un baño puede quedar a un clic de cualquiera, sin que el colegio sepa quién la vio.
¿Por qué lo hacen? Conviene separar las hipótesis. La primera es la negligencia pura, comprar el kit más barato y no preguntar nada. La segunda es el desborde, baños convertidos en tierra de nadie, donde circulan vapeadores, celulares, retos virales y golpizas, y donde el personal ya no da abasto. La tercera es la más incómoda, la cámara como coartada, la prueba para exhibir ante los padres que su hijo es el acosador, el maltratador o el golpeador.
Las tres comparten el defecto de sustituir el protocolo por el dispositivo. Una cámara no previene nada; documenta, tarde, lo que ya ocurrió. Y si ese material se usa como evidencia contra un menor sin cadena de custodia, sin control de integridad y sin base legal, se convierte en un arma de doble filo para el propio colegio.
Nadie discute el derecho de la comunidad educativa a ambientes seguros. Lo que se discute es el método. Si hay que vigilar, se hace con finalidad definida, cámaras en espacios comunes y nunca en el área de intimidad, información previa a las familias, retención limitada, acceso restringido con auditoría, equipos administrables y cifrados, y un encargado capacitado.
El colegio que no pueda garantizar todo eso debería apagar sus cámaras. Porque cuando se filtre el primer video, los padres no preguntarán qué hacía el niño en el baño, sino quién autorizó mirar.
Dicho de otra manera: “Sonría, lo estamos filmando”.