César Addario Soljancic (*)
Don Evaristo tiene 54 años y arrienda doce hectáreas en un distrito de Caaguazú. Siembra lo que el acopiador le pide y lo que el clima le deja. El hijo mayor se fue a Central a buscar un jornal más estable; la hija menor termina la escuela y no ve un empleo formal a menos de una hora de la casa. El camión cobra lo mismo que al vecino de mil hectáreas.
El trámite para regularizar el predio lleva meses y el crédito, mientras tanto, sale caro o no sale. En Asunción, a dos horas y media por ruta, hay más servicios, más bancos que prestan contra factura y más chances de que un punto extra de actividad se convierta en un puesto con recibo.
Evaristo no discute el crecimiento del país. Discute que ese crecimiento no pasa por su alambrado. La pobreza nacional bajó a 16,0% en el 2025: unas 985 mil personas. La extrema se quedó en 2,4%. El dato es verificable. También lo es su geografía. En áreas rurales la tasa es 22,1%; en urbanas, 13,6%. Hay más pobres en número en las ciudades porque allí vive más gente. Hay más intensidad y más extrema en el campo.
El Gini rural sigue por encima del urbano. Caaguazú y Canindeyú concentran desigualdad; Central, Cordillera y Ñeembucú, menos. Sin Tekoporã, Hambre Cero y Adulto Mayor, la pobreza del 2025 habría rondado 19,9%. La inversión pública ejecutada se mantiene baja: cerca de 1,6% del PIB en la Administración Central el año pasado y todavía más comprimida en el acumulado este año.
El empleo industrial arrastra informalidad del 55%. En construcción llega a 81,7%; en comercio y hoteles, a 63,9%. El retorno de la obra aparece cuando baja el costo de producir, de sacar la cosecha y de cumplir la ley. Ese retorno no llega al interior con la misma fuerza que el consumo de los programas. El mecanismo es simple. La gente responde a los precios.
El crecimiento agroexportador y la inversión extranjera no se derraman de manera uniforme porque la estructura de costos no lo permite. El 10% de las estancias concentra la mayor parte de la superficie sojera. Ganadería y granos tiran el PIB primario –la agricultura fue revisada al alza en el Informe de Política Monetaria de este marzo–, pero el jornal, el arrendatario y el minifundio capturan poco del término de intercambio.
El precio llega al silo y al frigorífico; llega menos a quien trabaja sin escala, sin título limpio y sin crédito barato. La elasticidad ingreso-pobreza rural ronda -0,22: es la mitad de la urbana. Un punto extra de ingreso reduce menos la pobreza donde más se la necesita porque se evapora en flete, fertilizante, demora y tasa. Industria y maquila se aglomeran en ejes logísticos. Quien vive sobre la ruta ve otra economía que quien vive a treinta kilómetros de un asfalto en mal estado.
El gasto corriente sí llega al territorio. La inversión que construye encadenamiento, no. El interior recibe consumo; le falta eslabón. Asunción-Central capta servicios, crédito y empleo formal; el resto exporta commodities y mano de obra. Formalizarse sigue siendo caro en tiempo, trámites y riesgo. Mientras bajar al régimen formal no reduzca el costo de operar, el 4,2% de crecimiento seguirá siendo un promedio de dos velocidades.
La pregunta incómoda merece su mejor versión. ¿Cuidar la regla fiscal no deja al interior sin el único instrumento que hoy le llega, la transferencia? Si el Estado no sostiene el consumo en Caaguazú, ¿quién lo hace? El argumento no es frívolo. Sin esos programas la pobreza habría sido 19,9%, no 16%.
Esta red sostiene el piso, no construye el techo. La disciplina no profundiza la desigualdad cuando reemplaza el consumo permanente por reglas que bajan el costo de producir, titular, contratar y sacar la cosecha. La profundiza cuando el gasto corriente se come la obra que acorta distancias y cuando cumplir la ley sale más caro que no cumplirla.
Nadie elige en abstracto: elige entre alternativas. Si formalizarse es más caro, más lento y riesgoso que quedarse informal, el mapa no cambia por decreto. La reforma no es otro relato del número nacional. Es cambiar los precios relativos que hoy castigan al predio chico y al distrito lejos del eje.
El capital busca proveedores locales cuando le conviene: suelo servido, energía previsible y contratos exigibles valen más que un cupo decorativo. Hay que bajar el costo real de formalizarse donde la informalidad es la regla. Hay que orientar la inversión pública a caminos vecinales, energía estable y titulación, no al empleo político permanente.
Y hay que preservar el ancla monetaria y fiscal: sin ella el ahorro se evapora y el crédito largo no aparece. Ese marco no sustituye el predio ni el camino; lo hace posible, porque nadie presta a treinta años si la regla de mañana es un rumor. La agenda 2026-2030 se cierra cuando el mismo punto de producto reduzca la pobreza en Caaguazú casi tanto como en Central. El resultado medible no es un promedio más limpio. Es que el hijo de Evaristo encuentre un empleo con recibo a menos de una hora de casa, o que ampliar las doce hectáreas no implique una tasa que se come el margen. Es que el flete y el fertilizante dejen de pesar el doble sobre el minifundio. Es que una empresa encuentre en el interior predio saneado, energía y proveedores que no desaparecen a la primera inspección. Cuando eso ocurra, el 16% dejará de ocultar el 22,1% rural. Hasta entonces, la macro es nacional y la micro es código postal. El mapa se corrige cuando el crecimiento deja de ser un promedio y empieza a ser una oportunidad medible en el mismo distrito donde se produce.
(*) https://cesaraddario.com/ Economista, analista económico de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.