El consumo eléctrico residencial paraguayo creció 14% en 2025, un salto equivalente a toda la producción de la hidroeléctrica Acaray, y los propios técnicos se muestran confusos a la hora de explicar la causa: ¿aires acondicionados? ¿Minería irregular? ¿Asentamientos? Cuando no podemos explicar dónde está distribuido el equivalente a una central hidroeléctrica entera, el problema no es el consumo; es la falta de reglas para medirlo.
Esta semana volvió a sonar la alarma, ya que la minería de Bitcoin consume el equivalente a una turbina y media de Itaipú, cerca del 30% de la energía facturada del país, con unos 900 megavatios operando formalmente bajo contrato con la Ande. Los números de la advertencia son reales. Sin su presencia, tendríamos tres años más de holgura eléctrica y una Ande con ingresos reducidos diametralmente. Con ella, el margen se agota hacia 2029. Los contratos con la industria de minería de Bitcoin vencen el 31 de diciembre de 2027, sin que nadie haya definido qué pasará el día siguiente.
Antes de repartir culpas y generar conjeturas conviene mirar los precios. La minería paga entre 48 y 56 dólares por megavatio/hora, cuando el precio en barra ronda los 29. Durante décadas, cedimos nuestro excedente a Brasil a valores que llegaron a 17 dólares, desarrollo que malvendíamos a precio de resignación. Hoy esa misma energía abundante y disponible, vendida a la industria que la convierte en un activo global, dejará a la Ande unos 350 millones de dólares en 2026. La minería de Bitcoin es el único comprador que toma el excedente hoy, paga la tarifa más alta del sistema y modula su consumo cuando la red lo exige. Eso no es una amenaza: es un cliente ancla.
El verdadero déficit no es de megavatios, es de reglas. Después de años de comunicados, advertencias y proyectos dormidos en el Congreso, Paraguay sigue sin licencias para operar, sin auditorías técnicas, sin un régimen tributario específico. Lo único que produjo el Estado fue un decreto que clasifica la actividad como “consumo intensivo especial”; es decir, una categoría tarifaria, no una política que permita trazar una hoja de ruta. Ese vacío hace florecer exactamente lo que decimos temer: la crisis energética está a la vuelta de la esquina y no hay un plan consistente para resolverla.
Lo que está en juego es de todos nosotros. El déficit de generación de energía que arrastramos por más de cuarenta años hoy representa entre 11.000 y 15.000 millones de dólares, y la única obra en marcha es Aña Cuá, con 135 megavatios. Esa plata no va a salir de discursos; sale de demanda firme, contratos largos y una industria formalizada que financie la expansión de la matriz que se dice saturada. El 2027 puede ser la fecha en que expulsemos al cliente que mejor paga, el único grupo de consumo que paga lo que realmente cuesta, mientras todos los demás se encuentran subvencionados, o el punto de inflexión en que por fin regulamos para habilitar: licencias, medición, impuestos, previsibilidad.
Una turbina y media no es la alarma. La alarma es ponerle fecha de vencimiento a los contratos y no tener claro qué viene después.