Hay una fotografía de la salud pública paraguaya que se repite desde hace décadas. La vimos tanto que terminó pareciendo normal. Una consulta comienza la noche anterior: se deja listo el termo, se guardan los documentos y se calcula el pasaje. A las cuatro, una madre o un abuelo esperan el primer colectivo. Después, vienen la fila y las preguntas: ¿habrá médico?, ¿habrá turno?, ¿habrá remedios? La huelga reactiva una inquietud, pero no debería enfrentar a médicos y pacientes. No son adversarios; ambos padecen un sistema que desgasta al profesional y obliga al enfermo a peregrinar.
El conflicto habló de salarios, jornadas y renuncias, pero expuso algo mayor: Paraguay tiene un problema de políticas públicas. Cuando faltan remedios, realiza una compra urgente; cuando surgen inconvenientes, improvisa soluciones parciales. Resuelve el episodio, pero conserva las causas. El gasto público en salud ronda el 4,63% del PIB, frente al 6% recomendado por la OPS, mientras el 36% del gasto sanitario sale del bolsillo familiar. La atención se proclama pública, pero buena parte del costo de enfermarse sigue siendo privado.
La mayor deuda de la política es su renuncia a pensar más allá de la urgencia y del mandato de turno. Durante décadas atendió síntomas y negoció treguas, pero evitó acordar un rumbo. La salud fracasa antes de que falte un medicamento; fracasa cuando quienes administran el Estado renuncian a construir un sistema capaz de trascender cada administración. Si cada gobierno comienza de nuevo, el país nunca dejará de improvisar.
La transformación requiere de una carrera sanitaria con remuneraciones transparentes, concursos e incentivos para trabajar en el interior. También necesita fortalecer las Unidades de Salud de la Familia y coordinar al Ministerio de Salud, al IPS y a los demás subsistemas. No se trata de fusionarlos, sino de compartir información, capacidad y mecanismos de derivación. La reforma debe garantizar medicamentos mediante compras transparentes, inventarios digitales y trazabilidad. Cada hospital necesita personal, equipos y mantenimiento, no solamente paredes.
Los médicos tienen derecho a condiciones dignas y los pacientes, a una atención continua y de calidad. Defender a uno no significa negar al otro. Un profesional agotado, mal pagado o sin insumos no puede brindar la atención que la ciudadanía merece. La discusión no es si estamos con los médicos o con los pacientes, sino cómo colocarlos del mismo lado y comprender que cuidar a quienes cuidan protege al enfermo.
La huelga fue una alarma. Resolver solamente el salario podría apagarla, pero dejaría intactas las filas, el desabastecimiento y la desigualdad. Paraguay no necesita dirigentes providenciales, sino una unidad de propósito entre autoridades, partidos, gremios, médicos, pacientes y ciudadanía. Un acuerdo que supere cada elección y se sostenga durante varios gobiernos. Solo así podremos trazar el camino hacia el sistema de salud que queremos dentro de diez años.