Una cosa es hacerle presión al Gobierno y otra muy distinta hacerle daño al país para hacerle presión al Gobierno. La diferencia parece elemental, pero conviene recordarla ante la intención de sectores gremiales de aprovechar el Rally del Paraguay para exhibir sus reclamos precisamente allí donde estarán concentradas las cámaras y la atención internacional.
Tienen derecho a protestar. Nadie debería discutirlo. Lo discutible es creer que ese derecho habilita cualquier escenario, cualquier oportunidad y cualquier costo para imponer una reivindicación.
El rally no es de Santiago Peña. Es de Paraguay.
No pertenece al Partido Colorado ni al gobierno de turno. Hay hoteles llenos, restaurantes, pequeños comercios, transportistas, trabajadores, emprendedores y familias enteras de Itapúa que esperan beneficiarse del extraordinario movimiento que genera una competencia de esta dimensión. Hay miles de visitantes, periodistas extranjeros y una vidriera excepcional para mostrar un Paraguay que durante demasiado tiempo estuvo fuera del radar de los grandes acontecimientos internacionales.
Conseguir eventos de esta magnitud no ocurre por casualidad. Requiere gestiones, organización, inversión y, sobre todo, construir confianza en la capacidad del país para recibirlos. Sirven para mover la economía durante algunos días, pero también para algo mucho más importante: posicionar al Paraguay como destino turístico, deportivo y, en un sentido más amplio, de inversiones.
Por eso resulta difícil comprender que se pretenda utilizar justamente esa vidriera para amplificar conflictos internos. Ir con pancartas y consignas –y posiblemente incidentes– precisamente a los lugares donde estarán las cámaras internacionales no busca solamente que el Gobierno escuche. Busca que el mundo mire.
Para perjudicar a Peña no hace falta perjudicar al Paraguay. Quien no comprende esa diferencia termina castigando precisamente a la gente en cuyo nombre asegura protestar, sobre todo los médicos.
Ya lo dijimos: una reivindicación legítima no debe ser satanizada simplemente porque incomoda al Gobierno. Pero tampoco la legitimidad de un reclamo convierte automáticamente en responsable cualquier mecanismo elegido para imponerlo.
En Paraguay existe cierta lógica gremial que parece sostener que cuanto mayor sea el daño colateral, más eficaz será la protesta. Cortar una ruta, suspender clases, paralizar servicios o aprovechar un acontecimiento internacional porque garantiza cámaras y repercusión.
Lo mismo vale para otros sectores, incluidos los gremios docentes cuando convierten a alumnos y familias en instrumentos de negociación. El derecho a reclamar merece respeto; los derechos de quienes quedan atrapados en medio también.
Y hay otro elemento que vuelve todavía menos comprensible la decisión de utilizar el rally como escenario de confrontación. El Gobierno no ha cerrado la puerta. Santiago Peña manifestó apertura al diálogo y planteó incluso la posibilidad de que un eventual acuerdo con los médicos pueda ser incorporado mediante una adenda al Presupuesto General de la Nación 2027.
Esa debería ser la actitud de todos: buscar una salida.
El Gobierno deberá hacer números y ofrecer hasta donde responsablemente pueda. Los médicos deberán determinar hasta dónde pueden flexibilizar sus posiciones. El Congreso puede ayudar a construir el mecanismo presupuestario. Y la oposición debería contribuir a solucionar el conflicto en lugar de esperar que se agrave para cargarle la factura al Ejecutivo.
Confundir al Gobierno con el país es una enorme inmadurez política. Querer perjudicar al primero aun a costa de perjudicar al segundo es, además, un tremendo egoísmo.
Que protesten. Que reclamen. Que negocien con firmeza.
Pero que no atenten contra la imagen del país. Le decimos firme: El rally no es de Peña. Es del Paraguay.