Esta semana los discursos oficiales repitieron cifras con orgullo: crecimiento del 6,6% en el 2025, el mayor en doce años; inflación de 3,1%; la pobreza se redujo en un 8%, grado de inversión. Todos números celebrables y que vaticinan un tan necesario progreso. Existe una cifra que no apareció en ningún discurso de aniversario, a la que, al parecer, le tienen terror y es la que definirá si estos tres años fueron un punto de inflexión generacional o apenas un buen momento estadístico: 31 de diciembre del 2027.
Esa es la fecha en que vencen todos los contratos de minería de activos digitales con la Ande. No es un detalle administrativo. Es el plazo de vida de una industria que en tres años de gestión pasó de pagar 100 millones de dólares anuales a la estatal eléctrica a una proyección de 350 millones para el 2026. Una industria que posicionó a Paraguay con cerca del 4,3% del poder de cómputo global del bitcoin, cuarto en el mundo, detrás solamente de Estados Unidos, Rusia y China. Nuestro país nunca estuvo en un tablero compitiendo con estas tres potencias y no volverá a estarlo si tomamos este punto a la ligera. Todo esto construido sobre nuestra energía abundante y disponible, la que durante décadas regalamos a precio de costo.
Siendo justos con el balance, este gobierno hizo cosas que desde el sector eran necesarias. La Ley 7300 le puso dientes a la lucha contra el robo de energía, que era el verdadero enemigo de la minería formal. Y el plan piloto para reactivar equipos incautados en instalaciones de la Ande, con la posibilidad abierta de acumular lo minado como reserva estratégica, es exactamente el tipo de modelo soberano que propusimos: el camino de Bután, minar con energía propia, no el de El Salvador. Que el Estado paraguayo esté debatiendo si vende o guarda sus primeros bitcoins es algo que hace tres años parecía ciencia ficción.
El adversario de esta historia no es una mala resolución. Es un decreto que no se firma. El Gobierno evalúa la continuidad de los contratos y no decide. Y mientras no decide, el mercado sí: los mineros formales cayeron de 71 a 41 en un año, y empresas pioneras se fueron citando dos palabras que deberían quemar en cualquier despacho público: incertidumbre regulatoria. La indecisión también es una política. La más cara de todas.
Lo que está en juego no es el negocio de nadie. Si el flujo minero se corta en el 2027, el hueco en las cuentas de la Ande lo cubriremos todos los paraguayos, con tarifas o con deuda. Y la ventana no espera: los centros de datos de inteligencia artificial ya compiten por los mismos megavatios, y cada mes sin reglas claras es capital que elige otro destino. Tenemos la materia prima del siglo. Lo que falta es la firma.
Los primeros tres años se midieron en discursos. Los últimos dos se van a medir en decretos, en el camino para la construcción de un futuro de realidades y no de promesas.