Paraguay siempre vivió entre gigantes que hablan de “paz” mientras desarrollan arsenales a sus espaldas. La semana pasada, en una fábrica de armamento en São Paulo, Lula da Silva justificó el rearme brasileño comparando a las Fuerzas Armadas con la fe religiosa, en algo hay que creer, y, de paso, resucitó al fantasma de la Guerra Guasu: “un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”. La frase, dicha entre caipiriñas retóricas de campaña electoral, no es inocente: reabre una herida de 1864 que costó al país buena parte de su población, y lo hace justo cuando Asunción discute cómo defender su soberanía frente a otro tipo de invasión, bastante menos ruidosa que los cañones de Solano López.
Porque mientras Brasilia habla de tanques y disuasión, la verdadera guerra contra Paraguay ya está en curso, y se libra en silencio, en los Routers y servidores del Estado. Desde julio, Asunción y Washington vienen denunciando que actores vinculados al régimen chino, entre ellos Flax Typhoon, ya detectado en 2024 extrayendo datos de Cancillería, continúan infiltrando redes gubernamentales. Beijing, previsiblemente, lo niega todo y acusa a Estados Unidos de ser el verdadero espía global, un ejercicio de proyección digno de manual. Pero los hechos son tozudos, Paraguay sigue siendo, en toda Sudamérica, el único socio diplomático que le queda a Taiwán, y esa lealtad se paga en bytes, no en soldados. Súmese una ciberseguridad estatal notoriamente deficitaria, sin capacidad técnica local, sin inversión sostenida, y el resultado es un país que funciona, geopolíticamente, como puerta sin cerradura en un barrio de gigantes armados.
Lo más grave no es la intrusión en sí, eso ocurre en todo el mundo, sino el silencio institucional que la rodea. El comunicado conjunto de julio evitó decir qué redes fueron vulneradas, qué información ciudadana quedó expuesta o qué se hará para que no se repita. Se le habló al mundo diplomático, no a la ciudadanía. Ahí está el verdadero fracaso comunicacional: el Estado paraguayo trata los incidentes cibernéticos como asuntos de cancillería, cuando son, ante todo, asuntos de derechos. Si China accedió a bases de datos, contratos o comunicaciones oficiales, el paraguayo de a pie tiene derecho a saber qué pasó con su información, no a enterarse por un tuit del consulado chino en San Pablo.
La soberanía digital no se defiende con comunicados protocolares ni con metáforas sobre las Fuerzas Armadas. Se defiende con transparencia técnica, capacidad local y una ciudadanía informada, que entienda que entre la caipiriña de Lula y el chop suey diplomático de Beijing, Paraguay sigue siendo, como en tiempos de Solano López, el país que paga los platos rotos de las guerras ajenas. Solo que ahora la trinchera es un centro de datos.
En palabras de Margaretha Geertruida Zelle (Mata Hari): “¿Y por qué crees que los franceses no lo sabían antes de que tú me dijeras nada?”.