El escándalo sobre las llamadas “celdas VIP” suele comenzar por el lugar equivocado. El problema no es que algunos presos tengan cama, baño, ventilación, comida adecuada o un espacio limpio. La polémica es que esos mínimos dependan del dinero, los contactos o la tolerancia de funcionarios. En una penitenciaría administrada por el Estado, las condiciones dignas no deberían ser un privilegio clandestino: deberían constituir el estándar.
Paraguay superó en 2026 las 20.400 personas privadas de libertad. Cerca del 60% todavía no tiene condena y alrededor del 88% vive en establecimientos con sobrepoblación. El crecimiento es acelerado: en 2002 había unos 4.500 reclusos; en 2023 ya eran 17.522. El investigador Juan Martens advertía entonces que el 99,6% permanecía en régimen cerrado y que el hacinamiento, la corrupción y el abandono estatal facilitaron el dominio de facciones como el PCC y el Clan Rotela.
El mapa de Our World in Data, elaborado con información del Institute for Crime & Justice Policy Research, ubica a Paraguay entre los países con elevada cantidad de presos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, encarcelar más no garantiza mayor seguridad. Una prisión sin educación, trabajo, tratamiento psicológico ni preparación para la libertad puede devolver a la sociedad una persona más violenta, más resentida y mejor conectada con organizaciones criminales.
La propia Constitución paraguaya establece que la pena debe procurar la readaptación del condenado y proteger a la sociedad. El Código de Ejecución Penal ordena que la vida en prisión se asemeje, en lo posible, a la vida en libertad, y que el tratamiento incluya educación, capacitación laboral, atención psicológica, responsabilidad y vínculos familiares. No es indulgencia: es prevención de la reincidencia.
Por eso, “todos deberían tener celda VIP” no significa convertir las cárceles en hoteles ni eliminar controles. Significa contar con celdas seguras, higiénicas y ventiladas; alimentación suficiente; atención médica; estudio; trabajo; deporte y reglas iguales para todos. El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la cárcel de mujeres de Emboscada muestra que incluso una instalación nueva registra filtraciones, sanitarios averiados, falta de medicamentos, insumos de higiene insuficientes y escaso personal sanitario.
La clasificación también debe ser rigurosa. Terroristas, jefes del narcotráfico, lavadores de activos y líderes de organizaciones criminales requieren regímenes especiales de máxima seguridad que impidan dirigir delitos desde prisión. Pero el pequeño infractor, el procesado sin condena y quien demuestra posibilidades reales de cambio, no deberían ser arrojados a la misma jungla.
La cárcel debe quitar la libertad, no la dignidad. Una celda digna no premia al delincuente: protege a la sociedad que algún día lo recibirá nuevamente.