Por: Marcelo J. Pereira S (@ MarceloXavierPS)
En cualquier sistema financiero moderno regido por el encaje fraccionario, ningún banco tiene billetes físicos para devolver el cien por ciento de los depósitos en una sola tarde. Lo que respalda el dinero de la gente no es el efectivo estancado en caja, sino los activos sanos: créditos hipotecarios, préstamos comerciales, descuentos de documentos y financiaciones al consumo que se cobran mes a mes.
Cuando se pierde de vista esta diferencia entre crédito sano y plata líquida, se toma el camino más destructivo posible: cerrar una entidad operativamente viable y obligar al Banco Central del Paraguay (BCP) a malvender documentos de crédito al contado para juntar efectivo inmediato. En ese proceso, mientras la discusión política se distrae con el 15% correspondiente a los fondos previsionales, el valor real que respaldaba al 85% restante de los depositantes y al propio ahorro jubilatorio termina pulverizado por el descuento de remate.
El mito líquido
En un banco en funcionamiento normal, solo entre el 15% y el 20% de los depósitos permanece inmovilizado como encaje legal y liquidez inmediata en tesorería. El 80% u 85% restante está colocado en la calle produciendo retorno. Que ese dinero esté prestado no significa que se haya perdido; significa que está respaldado por contratos exigibles con tasas de interés que superan el costo de los depósitos.Las cajas previsionales, que representan alrededor del 15% de la masa de pasivos, no tienen su dinero en cajas de ahorro a la vista para retirarlo todo un martes por la mañana. Lo tienen estructurado en certificados de depósito (CDA) con vencimientos escalonados a meses y años. Del mismo modo, el 85% restante perteneciente a ciudadanos, comercios y empresas solo rota estadísticamente una fracción menor cada día.
Viabilidad en marcha
Bajo el principio contable y financiero de empresa en marcha, Ueno tenía todas las condiciones técnicas para seguir operando. Un activo sano es, por definición, efectivo diferido en el tiempo. Cada treinta días, miles de deudores pagan sus cuotas de capital más intereses, inyectando flujo de caja genuino y constante a la tesorería del banco sin necesidad de rifar un solo pagaré.
Si una crisis de confianza o el ruido político provocan retiros extraordinarios que superan el efectivo del día, la arquitectura financiera contempla una herramienta específica para evitar el colapso: el prestamista de última instancia. La Ley N° 489/95 Orgánica del BCP (artículo 66) y las operaciones de reporto existen exactamente para este escenario. Si la cartera es sana pero falta efectivo temporal, el banco entrega esos pagarés y créditos en garantía prendaria al Banco Central, recibe liquidez transitoria para calmar la ventanilla y, a medida que los clientes pagan sus cuotas mensuales, devuelve el adelanto al regulador sin perder un solo guaraní de patrimonio.
El descuento letal
El desastre patrimonial ocurre cuando, en lugar de sostener la continuidad operativa mediante asistencia de liquidez sobre garantías reales, se decreta la discontinuidad bajo la Ley N° 2334/03 y se ordena convertir papeles a plazo en billetes hoy mismo. Como el BCP no es un banco comercial de cobranza minorista, para juntar la plata debe transferir o vender esos activos sanos a otros bancos privados del sistema.
Aquí opera la ley implacable del descuento de remate. Ningún banco competidor compra la cartera de una entidad intervenida al 100% de su valor nominal. Sabiendo que el vendedor tiene urgencia por juntar liquidez para el proceso de resolución, los bancos compradores exigen quitas severas que suelen oscilar entre el 25% y el 45% del valor de los créditos, quedándose únicamente con los mejores deudores a precio de liquidación.La aritmética de esa decisión es letal para los ahorristas. Si el banco tenía 100 en créditos sanos que cobrados a su vencimiento habrían rendido 100 más intereses, pero el regulador los vende de urgencia por 60 para juntar efectivo rápido, acaban de desaparecer 40 de respaldo real de un plumazo. No se perdieron porque los clientes del banco fueran morosos ni porque la cartera fuera tóxica; se perdieron por el simple acto de liquidar al contado activos que estaban diseñados para cobrarse a plazo.
Ganadores y perdedores
En la prelación legal del Balance de Exclusión, los primeros billetes que se juntan con el encaje disponible y con el remate de la cartera se destinan a cubrir los depósitos menores garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), hasta el tope de 75 salarios mínimos. Pero como la venta forzosa de la cartera destruyó entre un tercio y la mitad del valor nominal de los activos, la frazada queda irremediablemente corta.El agujero creado por malvender activos sanos recae de lleno sobre quienes quedan en los escalones siguientes: el ahorro no cubierto de las pequeñas y medianas empresas, los depositantes individuales que superan el tope legal, las cuentas operativas corporativas y ese 15% de los fondos jubilatorios.Cerrar una entidad con cartera sana para obligarla a juntar toda la plata junta mediante el remate de sus créditos no protege al sistema; transforma un problema manejable de iliquidez transitoria en una insolvencia irreversible. Al final de la operación, los créditos siguen siendo sanos y los deudores seguirán pagando el 100% de sus cuotas todos los meses, con la única diferencia de que esa riqueza ya no servirá para devolverle su dinero a los depositantes originales ni a los jubilados, sino para engrosar la ganancia extraordinaria de quienes compraron activos sanos a precio de liquidación.