El caso ueno pone a prueba una cadena de responsabilidades: quién autorizó las operaciones, quién revisó los balances, quién recibió las advertencias y qué hizo después. Para los ahorristas, la respuesta debe traducirse en controles capaces de frenar un deterioro antes de que comprometa la disponibilidad de su dinero.
El primer control corresponde al directorio de cada banco. Debe aprobar políticas de riesgo, exigir información confiable y corregir irregularidades. La legislación paraguaya contempla responsabilidad por omitir una gestión efectiva de riesgos, incumplir instrucciones del supervisor o proporcionar datos falsos. Delegar tareas en gerentes no elimina esas obligaciones.
Los auditores cumplen funciones diferentes. La auditoría interna evalúa controles y debe poder advertir fallas sin interferencias de las áreas examinadas. La externa emite una opinión independiente sobre los estados financieros. Su trabajo exige contrastar registros con evidencia suficiente; un balance auditado no garantiza que toda operación sea legítima ni sustituye la supervisión estatal.
A la Superintendencia de Bancos le corresponde inspeccionar y vigilar a las entidades. Debe examinar su capital, liquidez, créditos y exposición a empresas vinculadas. El BCP establece reglas y adopta las decisiones que le competen. La eficacia de esa estructura depende de que los informes técnicos generen medidas oportunas y de que se compruebe su cumplimiento.
Según la imputación al extitular del BCP, Carlos Carvallo, se le atribuyen omisiones frente a alertas sobre solvencia y operaciones con vinculadas, además de información presuntamente falsa al Senado. Son señalamientos fiscales cuya responsabilidad penal debe determinar la Justicia. La revisión también debe establecer qué conocía cada instancia y desde cuándo.
De ese examen surgen prioridades para una reforma. Cada alerta relevante debería contar con un responsable, un plazo de respuesta y un registro de las medidas adoptadas. Cuando persista un incumplimiento, tendría que llegar obligatoriamente a una instancia superior. Toda decisión de postergar una corrección debería quedar fundamentada y disponible para su revisión.
También corresponde reforzar la comprobación de los vínculos entre empresas, los beneficiarios finales y las garantías de los préstamos. Examinar al grupo económico en conjunto permite detectar riesgos que pueden quedar disimulados al mirar cada sociedad por separado. El intercambio de hallazgos entre supervisores y auditores debe facilitar esa tarea.
Las autoridades deben transparentar conflictos de interés y documentar sus abstenciones. En las instituciones que administran fondos públicos, conviene reforzar límites de concentración, criterios técnicos y registros de cada autorización de depósito. Estas son propuestas de mejora, no reformas ya aprobadas. Su resultado debe medirse por la rapidez con que se corrigen riesgos y se protege el dinero destinado al ahorro, los salarios y los servicios.