G. 4.020.000 por dos medicamentos. Esa es la suma que resulta de los precios y cantidades mencionados por la familia de un paciente oncológico del Hospital Ingavi, en un testimonio publicado por Última Hora el 3 de noviembre. Según ese relato, les solicitaron 15 ampollas de oxaliplatino, a G. 190.000 cada una, y diez de fluorouracilo, a G. 117.000. La cuenta no incluye otros insumos requeridos.
El monto corresponde a ese caso y a los valores declarados por la familia; no representa una tarifa general ni un gasto mensual comprobado. Permite, sin embargo, dimensionar lo que puede significar una receta sin cobertura efectiva. El aporte al seguro continúa, mientras aparece una compra que obliga a reorganizar el presupuesto del hogar.
Consultada sobre esos productos, Evelyn Alviso, responsable de Logística del IPS, afirmó al mismo medio que existían y que se habían realizado entregas a Ingavi. La respuesta institucional y el reclamo familiar describen situaciones diferentes. Para aclararlas hace falta conocer cuándo se solicitó cada fármaco, cuándo ingresó a la farmacia y si finalmente llegó al paciente.
En una entrevista publicada por ABC el 7 de noviembre, Alviso informó una cobertura contractual del 94% y un stock cercano al 90% sobre un listado de 506 medicamentos. También reconoció fluctuaciones por entregas parciales de proveedores. Son indicadores distintos: un contrato habilita la provisión; la existencia física permite atender una receta, siempre que el producto esté disponible donde se necesita.
Por eso, el contraste debe hacerse establecimiento por establecimiento. Un porcentaje de toda la red no permite concluir que Ingavi, el Hospital Central o una clínica periférica dispongan del mismo medicamento ese día. Tampoco alcanza con registrar unidades en un depósito: importa la presentación indicada, la cantidad necesaria y el momento en que puede retirarse.
La información pública debería mostrar esa secuencia: pedido, ingreso, distribución y entrega. El IPS anunció en agosto una consulta de disponibilidad por establecimiento mediante Mi IPS. Su utilidad depende de que los registros estén actualizados y coincidan con la respuesta de la farmacia. Una familia necesita saber dónde resolver su receta y qué trámite corresponde antes de gastar en otro traslado.
El seguimiento también requiere documentos del paciente: receta, constancia de entrega parcial y comprobantes de compras. Con ellos puede distinguirse el costo presupuestado del dinero efectivamente desembolsado. A ese gasto pueden agregarse pasajes, combustible o tiempo de trabajo perdido, aunque no corresponde asignarles una cifra sin verificarlos en cada caso.
La medida más cercana a la experiencia del asegurado es cuántas recetas se entregan completas y a tiempo. Publicar ese dato por servicio permitiría identificar faltantes persistentes y evaluar las reposiciones. Mientras la disponibilidad informada no se traduzca en una entrega concreta, la diferencia seguirá resolviéndose en la cuenta familiar: cuánto dinero conseguir y qué otro gasto postergar.