La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir ueno bank y poner en marcha su procedimiento de resolución marca uno de los episodios más delicados para el sistema financiero nacional en los últimos años. La determinación, adoptada por unanimidad por el Directorio el día 2 de noviembre y comunicada oficialmente ayer 3 de noviembre de 2026, responde a la detección de un deterioro de la situación patrimonial de la entidad, que terminó comprometiendo el cumplimiento de los parámetros mínimos de solvencia.
Según explicaron autoridades del organismo regulador, se realizaron ajustes en los estados financieros de la institución y, como consecuencia, su índice de solvencia quedó por debajo del 50% del mínimo requerido por las disposiciones legales. Esta insuficiencia constituyó la causal para activar el procedimiento previsto en la Ley 2.334/2003, que establece los mecanismos de garantía de depósitos y resolución de entidades financieras.
Los motivos de la intervención
El desenlace es consecuencia de varios meses de supervisión y observaciones regulatorias. De acuerdo con los antecedentes expuestos por los miembros del Directorio del BCP, las primeras alertas estuvieron relacionadas con la existencia de créditos vinculados a empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial.
El 5 de junio pasado, la Superintendencia de Bancos comunicó a ueno la necesidad de adecuar determinadas operaciones a los límites establecidos para este tipo de financiamiento. La investigación posterior profundizó el análisis sobre las relaciones económicas entre las empresas receptoras de los préstamos y el grupo propietario, incluyendo las condiciones financieras y la trazabilidad de los recursos.
Los hallazgos iniciales derivaron en nuevas observaciones sobre la situación financiera del banco. El regulador mencionó un deterioro de los indicadores de liquidez, la necesidad de constituir previsiones adicionales por debilidades en las carpetas crediticias y cuestionamientos sobre servicios informáticos cuya activación no contaba con suficiente respaldo justificativo.
La acumulación de estos factores terminó modificando sustancialmente la evaluación patrimonial de la entidad lo que desencadenó la decisión de resolución.
¿Qué implica el procedimiento?
La intervención no constituye simplemente una sanción administrativa. Se trata de un mecanismo legal destinado a administrar ordenadamente una entidad cuya situación financiera compromete su continuidad bajo las condiciones normales de funcionamiento.
La Superintendencia de Bancos designó a unos 150 interventores que tendrán a su cargo verificar la situación patrimonial, preservar los activos y ejecutar las medidas necesarias para avanzar en el proceso. También deberán establecer las condiciones para procurar la mayor protección posible de los depositantes y determinar el tratamiento de los compromisos financieros pendientes.
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes actualmente a G. 228.300.000 por persona física o jurídica y por entidad financiera, independientemente de la cantidad de cuentas que mantenga. Para los depósitos que superen ese límite, el BCP deberá aplicar los mecanismos legales de compensación de activos y pasivos para procurar su recuperación.
La dimensión del problema es considerable, ueno cuenta con aproximadamente tres millones de clientes y administra entre USD 800 millones y USD 850 millones en fondos públicos. Dentro de esa exposición figura el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones cercanas a los USD 380 millones en la entidad.
Repercusiones pos intervención
La intervención provocó una fuerte conmoción en el mercado financiero. La renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding y la designación como interina de Liana Caballero, así como sendas reuniones en las diferentes carpas políticas preanunciando un eventual juicio político al presidente de la República, Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana.
Por otro lado, se ordenó la detención de la cúpula directiva del banco, cuyos miembros se presentaron voluntariamente para ponerse a disposición de la justicia.
Asimismo, la Asociación de Bancos del Paraguay sostuvo que no observaba señales de una salida generalizada de depósitos de otras entidades, mientras que el Banco Central insistió en que se trata de un caso específico y no de una crisis generalizada del sistema.
El desafío inmediato del BCP será administrar la resolución con transparencia, garantizar la continuidad de los pagos que correspondan a los ahorristas, preservar los activos y esclarecer las responsabilidades.