La Administración central acumuló un déficit fiscal de G. 4,69 billones al cierre de junio del 2026, en un escenario de bajo crecimiento de los ingresos y mayor presión del gasto público. El resultado equivale al 1,2% del producto interno bruto (PIB), según el Informe de las Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Durante el primer semestre, los ingresos totales aumentaron apenas 0,5% interanual, mientras que los gastos se expandieron 11,7%, principalmente por mayores desembolsos en bienes y servicios, prestaciones sociales y remuneraciones. La inversión pública, por su parte, creció 3,3% frente al mismo período del año anterior.
La presión fiscal también se refleja en las proyecciones para el próximo ejercicio. El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 prevé que el déficit de la Administración central alcance el 3,9% del PIB, frente al 3,2% proyectado para el 2026 en el escenario que incorpora los efectos extraordinarios de la regularización de obligaciones.
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Más gastos para el 2027
El MEF señala que el aumento del déficit durante el 2026 y el 2027 responde, en parte, al proceso de regularización de compromisos pendientes, especialmente los vinculados al sector salud y a la infraestructura.
En el proyecto del PGN 2027, el gasto total de la Administración central asciende a G. 76,53 billones, un incremento del 17,2% respecto al presupuesto aprobado para el 2026, de G. 65,29 billones. El aumento contempla mayores recursos para bienes y servicios, prestaciones sociales e inversión pública.
Para el conjunto del Gobierno general, el informe proyecta que los ingresos aumenten 5,3% en el 2027, mientras que los gastos crecerían 16,2%. Esta diferencia ampliaría el déficit de ese agregado fiscal al 3,8% del PIB, una estimación que corresponde a una cobertura institucional distinta de la Administración Central.
Retorno a la meta fiscal
El Gobierno plantea que el período 2026-2027 sea una etapa excepcional para regularizar obligaciones acumuladas y atender las necesidades corrientes, con medidas destinadas a evitar nuevos atrasos.
La trayectoria prevista contempla una reducción del déficit a partir del 2028, cuando se buscaría retornar al límite fiscal del 1,5% del PIB.
El desafío será compatibilizar el pago de compromisos pendientes y la continuidad de los servicios públicos con la recuperación gradual del equilibrio fiscal, en un contexto en que los ingresos avanzan a un ritmo menor que el gasto.