La ofensiva contra ueno bank parece haber cruzado una frontera sumamente peligrosa: la que separa el cuestionamiento legítimo a una entidad financiera, de las acusaciones temerarias que pueden destruir reputaciones, sembrar desconfianza y afectar la estabilidad de una institución que depende, fundamentalmente, de la credibilidad y la confianza pública.
El protagonista de esta nueva escalada es el economista Ricardo Rodríguez Silvero, quien, en declaraciones difundidas públicamente, llegó al extremo de calificar a ueno bank como una supuesta “estafa perpetrada desde la misma cumbre del Gobierno”.
No conforme con semejante afirmación, sostuvo que la entidad se habría instalado en Paraguay “sin el cumplimiento de las más elementales normas de intermediación financiera” y que representaría “probablemente el caso más grosero” de atropello al ordenamiento jurídico nacional.
No se trata de una observación técnica sobre un indicador de solvencia, de una discrepancia acerca de los límites de crédito ni de una interpretación crítica a una resolución del Banco Central del Paraguay (BCP). Se trata de palabras que proyectan sobre una institución financiera la sospecha de haber protagonizado un hecho delictivo como el de estafa y de haber vulnerado de manera flagrante las leyes del país, pero sin el más mínimo argumento ni documento probatorio.
Una acusación semejante exige algo más que indignación, retórica y calificativos grandilocuentes. Exige pruebas.
¿Dónde está la documentación que respalda la acusación?
En los fragmentos difundidos de sus declaraciones, Rodríguez Silvero no individualiza las operaciones que, según su interpretación, configurarían una estafa; tampoco identifica las disposiciones legales concretas que ueno bank habría infringido ni presenta documentos que permitan verificar una conclusión de esa magnitud.
Quien lanza acusaciones tan graves debe explicar, mínimamente, de manera verificable en qué hechos se apoya para realizar tamaña acusación.
Hasta ahora la “campaña sucia” de ABC Color se había fundado en documentos que “no cumplen con los requisitos legales para tener validez y legitimidad” y en meras especulaciones sobre la gestión administrativa del banco. Sin embargo, Rodríguez Silvero no solo se suma a la “campaña sucia”, sino que va más allá y apunta directamente a la credibilidad de la institución, lo que supone lisa y llanamente un “terrorismo financiero”.
Porque acusar no es demostrar, repetir una sospecha no la convierte en verdad y revestir una afirmación de autoridad profesional no sustituye la obligación de sustentarla con evidencia.
Si el ex “asesor” de la Itaipú dispone de documentación que acredite las presuntas irregularidades, corresponde que la identifique, precise los hechos y explique qué normas habrían sido vulneradas. Si existen elementos que configuran delitos, su calificación corresponde a las autoridades competentes, dentro de los procedimientos legales correspondientes, pero no a través de temerarias declaraciones públicas sin sustento. Lo que resulta inadmisible es que una imputación de semejante gravedad sea instalada en el debate público como si ya se tratara de un hecho probado.
La palabra “estafa” no es un adjetivo inocuo. En el ámbito financiero puede provocar consecuencias impredecibles tanto reputacionales como comerciales, alimentar incertidumbre entre clientes y depositantes y contribuir a instalar temores que luego resultan difíciles de revertir.
Por eso, cuando un economista utiliza semejante expresión contra una entidad bancaria, la responsabilidad de argumentar, no disminuye, sino que aumenta.
Una “campaña sucia” que sube de tono
Las declaraciones de Rodríguez Silvero aparecen en medio de una sucesión de publicaciones y cuestionamientos de ABC Color contra ueno bank. La coincidencia entre la campaña sucia del citado medio y la aparición de afirmaciones cada vez más peligrosas y temerarias abren interrogantes sobre el efecto acumulativo del discurso y sobre la frontera entre la fiscalización periodística y la propagación de sospechas no demostradas o directamente infundadas.
La prensa tiene el derecho y el deber de investigar a los bancos, examinar sus operaciones y exigir explicaciones sobre cualquier posible incumplimiento. Ninguna entidad financiera está por encima de la ley. Pero ese principio no autoriza a convertir indicios, interpretaciones u observaciones regulatorias en condenas anticipadas.
La diferencia es decisiva. Una investigación rigurosa identifica documentos, contrasta versiones, consulta a las autoridades y permite distinguir entre hechos comprobados, hipótesis y opiniones. Una “campaña sucia” de descrédito, en cambio, puede terminar sustituyendo esa metodología por una sucesión de titulares, declaraciones estridentes y conclusiones que exceden las evidencias presentadas.
En el caso de ueno bank, la discusión debe incorporar integralmente los antecedentes oficiales del BCP, sin confundir los requerimientos correctivos con una declaración de culpabilidad, ni los procedimientos administrativos con la demostración automática de un delito.
Según los antecedentes regulatorios difundidos sobre el caso, la Superintendencia de Bancos requirió ajustes en materia de límites de créditos a empresas vinculadas y la entidad realizó correcciones dentro del plazo legal señalado. También continúa un procedimiento administrativo relacionado con la venta de cartera. Estos asuntos deben examinarse con precisión, sin ocultar eventuales incumplimientos, pero tampoco magnificarlos ni atribuirles consecuencias jurídicas que no hayan sido establecidas.
La existencia de una observación supervisora no equivale, por sí misma, a una estafa. Un procedimiento administrativo no constituye automáticamente una condena penal. Y ninguna de estas categorías puede utilizarse indistintamente para alimentar una narrativa de ilegalidad generalizada.
Si existen hechos adicionales que contradicen esta interpretación, deben ponerse sobre la mesa. Lo que no corresponde es reemplazar el examen de los antecedentes por una sentencia mediática.
Existe toda una cronología documentada (ver cuadro adjunto) por parte del órgano supervisor sobre las actuaciones tanto de la Superintendencia de Bancos como de la misma entidad bancaria con relación a las observaciones que las mismas publicaciones tendenciosas señalan, desbaratando así la “campaña sucia” montada desde ABC Color para desprestigiar a ueno bank.