El Banco Central del Paraguay (BCP) mantiene publicado en su página web un Registro Público de Sanciones que permite consultar el historial de entidades y personas que fueron sometidas a sumarios administrativos por la autoridad monetaria y que terminaron con la aplicación de una sanción.
Una revisión de los datos correspondientes al sector bancario muestra que siete bancos acumulan 11 sumarios que culminaron con sanciones dentro del período disponible analizado.
El dato permite observar que los antecedentes no se concentran en un único tipo de incumplimiento. Los motivos registrados por el BCP abarcan desde deficiencias en los sistemas de prevención de lavado de dinero hasta incumplimientos en materia fiduciaria, clasificación de riesgos, constitución de previsiones, registraciones contables y retrasos o faltas en la provisión de información requerida por la Superintendencia de Bancos.
La forma de contabilizar los casos es relevante. En el registro público, un mismo sumario puede aparecer asociado tanto a la entidad financiera como a directores, presidentes, gerentes, síndicos u otros responsables alcanzados por una misma resolución.
Por ese motivo, no corresponde sumar cada fila publicada como si representara un procedimiento diferente. Para este relevamiento se identificaron los sumarios institucionales que culminaron con sanciones contra bancos, tomando las resoluciones correspondientes y evitando duplicar casos por la existencia de personas físicas también sancionadas.
Dentro de ese universo, Banco Itaú Paraguay aparece vinculado a tres sumarios que culminaron con sanciones. Banco Atlas y Visión Banco registran dos cada uno. Banco Continental, Banco GNB Paraguay, Banco Regional e Interfisa Banco completan la nómina con un caso por entidad.
Esto significa que cuatro de los siete bancos incluidos en el registro presentan más de un antecedente sancionatorio dentro del período relevado.
Los casos, sin embargo, tienen características diferentes y no pueden interpretarse como infracciones equivalentes entre sí.
En el caso de Banco Atlas, los dos sumarios registrados corresponden a 2017 y están relacionados con su actividad fiduciaria. Uno de ellos tuvo como motivo el incumplimiento del deber de comunicación a la Superintendencia de Bancos y la falta de conducta diligente en sus obligaciones como fiduciario.
La entidad fue sancionada con una multa de 200 salarios mínimos. El segundo procedimiento estuvo relacionado con retrasos en la remisión de información por parte de su departamento fiduciario y derivó en una multa de 50 salarios mínimos.
Visión Banco también registra dos antecedentes en años diferentes. En 2018 fue sancionado por fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero.
Posteriormente, en 2023, aparece nuevamente en el registro por incumplimientos de obligaciones reglamentarias relacionadas con medidas excepcionales de apoyo adoptadas durante la pandemia y por mantener previsiones insuficientes. En este último caso, el BCP impuso una multa de 1.100 salarios mínimos.
Banco Continental figura en el registro de 2023 por un sumario relacionado con el establecimiento incorrecto del límite operativo autorizado, debilidades en el sistema de alertas preventivas y cuestiones vinculadas con el reporte de operaciones sospechosas. La sanción consignada fue una multa de G. 123.560.513.
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Interfisa Banco también aparece entre los sancionados durante 2023. Los motivos consignados fueron la falta de provisión de información requerida por la Superintendencia de Bancos y deficiencias en la registración contable que, según el registro, evitaban reconocer pérdidas y exponían un resultado de ejercicio inadecuado. La multa aplicada fue de 1.500 salarios mínimos.
En el caso de Banco Regional, el sumario estuvo relacionado con incumplimientos de disposiciones sobre clasificación de activos, riesgos crediticios, previsiones y devengamiento de intereses, además de la obligación de realizar el arrastre de la mora y constituir las previsiones correspondientes.
El mismo procedimiento alcanzó además a varias personas físicas vinculadas a la entidad, un ejemplo de por qué el número de sancionados puede ser considerablemente superior al número de sumarios institucionales.
El registro público también permite seguir qué ocurrió luego de dictarse la sanción. La información disponible incluye recursos de reconsideración, acciones contencioso-administrativas, resoluciones judiciales, estado de la sanción y, en numerosos casos, la fecha en que una multa fue pagada o una medida fue cumplida.
Esto permite diferenciar entre la sanción originalmente dispuesta por el BCP y su resultado final. Algunos recursos fueron rechazados y las medidas quedaron confirmadas; en otros casos hubo modificaciones posteriores o efectos suspendidos mientras avanzaban procesos judiciales.
El alcance del Registro Público de Sanciones, por tanto, va más allá de una simple nómina de bancos multados. La información expuesta en la web del propio Banco Central del Paraguay permite reconstruir los sumarios que llegaron a una resolución sancionatoria, conocer las conductas observadas por el supervisor y verificar qué ocurrió posteriormente con cada medida.
En el segmento bancario relevado, el resultado es concreto: siete entidades acumulan 11 sumarios administrativos que terminaron con sanciones.
Los antecedentes tampoco implican que todos los bancos hayan cometido las mismas infracciones ni que los casos tengan idéntica gravedad. Lo que muestran es el historial público de actuaciones en las que el proceso administrativo concluyó con una medida sancionatoria del regulador.
El siguiente paso del análisis será establecer cuáles son las infracciones que aparecen con mayor frecuencia en estos sumarios, qué entidades registran reiteraciones sobre una misma materia y cuáles fueron las sanciones económicas más importantes aplicadas por el BCP.
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