Paraguay enfrenta el desafío de expandir su sistema de protección social en un contexto de limitaciones fiscales y alta informalidad laboral, según señala el informe “Financiación de la protección social en Paraguay: el papel de los ingresos generales y las contribuciones a la seguridad social”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El documento señala que alrededor del 76% de la fuerza laboral no está cubierta por el seguro social, mientras que solo cerca de la mitad de los trabajadores asalariados del sector privado realiza las contribuciones obligatorias y la participación de los trabajadores independientes continúa siendo baja, pese a que representan cerca de un tercio de la fuerza laboral.
Aunque el gasto en asistencia social aumentó hasta alrededor del 1,5% del PIB en 2025, la cobertura sigue mostrando deficiencias. Se estima que aproximadamente la mitad de las personas en situación de pobreza no recibe ningún beneficio de asistencia social, mientras que cerca del 32% de los hogares no pobres recibe algún tipo de prestación.
Para cerrar parte de esas brechas, el organismo propone universalizar la cobertura de Tekoporã entre la población elegible. La medida implicaría recursos adicionales equivalentes a entre 0,25% y 0,36% del PIB. Si además se incrementan los montos transferidos, el costo fiscal aumentaría hasta un rango de entre 0,42% y 0,44% del producto.
En el caso de Hambre Cero, extender el programa a todos los estudiantes de educación media del sistema público requeriría alrededor de 0,2% adicional del PIB.
Más ingresos para ampliar el gasto social
La OCDE advierte que el principal límite para expandir la protección social es la baja capacidad recaudatoria del Estado. Por ello, recomienda una estrategia gradual de fortalecimiento de los ingresos públicos que permita financiar mayores necesidades de gasto social sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Entre las medidas sugeridas se plantea la ampliación de la base del impuesto a la renta personal (IRP). El informe calcula que las deducciones vigentes representan una pérdida recaudatoria equivalente a 0,76% del PIB, de la cual 0,70% corresponde a gastos personales y de dependientes.
Asimismo, recomienda reforzar los impuestos selectivos al consumo, especialmente sobre tabaco y alcohol, además de avanzar en una mayor tributación vinculada a la propiedad y criterios ambientales.
Presión sobre el sistema previsional
El estudio también alerta sobre los desafíos financieros de los sistemas jubilatorios, ya que la Caja Fiscal registró un déficit equivalente a 0,66% del PIB en 2024, aunque destaca que la reforma aprobada en 2026 introdujo ajustes en edades de retiro, años mínimos de aporte, contribuciones y cálculo de beneficios.
Para mantener un camino de convergencia, el organismo considera que serán necesarias nuevas reformas paramétricas tanto en el régimen previsional como en la seguridad social, incluyendo revisiones de la edad de jubilación, densidad de aportes y tasas de reemplazo.
La OCDE recalcó que la formalización laboral constituye un elemento central de la solución. Un mercado laboral más formal ampliaría la base de contribuyentes, fortalecería los ingresos de la seguridad social y aumentaría el acceso de los trabajadores a prestaciones de salud y jubilación.