El Gobierno paraguayo admite que el impase con Atome tiene como trasfondo una cuestión estructural, la falta de un marco jurídico e institucional para los grandes proyectos electrointensivos. El presidente Santiago Peña señaló que el Ejecutivo se está preparando ante el escenario de una eventual demanda internacional promovida por la empresa.
Cabe mencionar que la compañía británica Atome PLC, el pasado jueves dio por terminado su relación contractual con la Ande del 2022, lo cual no quiere decir que la empresa revierta su intención de llevar el caso a un arbitrio internacional.
“Nos estamos preparando ante ese escenario”, afirmó Peña al ser consultado sobre la posibilidad de un arbitraje. Explicó que el proyecto de Atome viene siendo conversado desde el gobierno anterior y que siempre existió una expectativa respecto a una inversión considerada estratégica por su potencial para desarrollar hidrógeno y fertilizantes verdes.
La inversión prevista supera los USD 600 millones, pero, según explicó el mandatario, su viabilidad depende de condiciones específicas de suministro eléctrico, particularmente de una tarifa y de mecanismos de ajuste a largo plazo.
“Hoy no tenemos el marco jurídico, no existe ese marco jurídico”, sostuvo Peña, poniendo el foco en la principal dificultad que enfrenta el proyecto.
El presidente explicó que Atome buscaba condiciones especiales de suministro eléctrico que no estaban contempladas dentro del esquema disponible para las industrias electrointensivas. La Administración Nacional de Electricidad (Ande) cuenta actualmente con un pliego para este tipo de industrias, pero, según Peña, el proyecto de Atome requiere condiciones diferentes.
El Gobierno intentó avanzar mediante dos decretos destinados a establecer condiciones para industrias de alta demanda energética, incluyendo proyectos como Atome y futuras inversiones vinculadas a inteligencia artificial. Sin embargo, las medidas generaron cuestionamientos y, finalmente, Peña decidió retirarlas de la discusión para promover un debate más amplio.
“Si es un tema controversial, dejémoslo de lado, discutámoslo más”, señaló.
Una nueva institucionalidad
El conflicto llevó al Ejecutivo a plantear una discusión que trasciende específicamente a Atome. Peña considera necesario fortalecer la institucionalidad vinculada a la energía y los recursos minerales del país mediante un eventual Ministerio de Minas y Energía, acompañado por un ente regulador que pueda actuar como árbitro entre las partes.
El mandatario utilizó una comparación futbolística para explicar la situación. Paraguay, sostuvo, puede haber operado hasta ahora como quien juega entre amigos y determina sus propias reglas, pero cuando ingresan proyectos de escala internacional se necesita un árbitro independiente y reglas claras.
La preocupación del Ejecutivo apunta a que las inversiones futuras tendrán una magnitud considerable. Peña afirmó que existen proyectos en análisis que podrían representar inversiones “inclusive más grandes que Itaipú”, por lo que considera insuficiente establecer condiciones mediante decisiones aisladas o decretos.
En ese contexto, anunció la continuidad de una mesa de trabajo con técnicos y representantes del sector público y privado para construir consensos sobre el régimen eléctrico para grandes consumidores.
Peña también defendió la necesidad de cuidar la reputación internacional del país, aunque advirtió que no toda la información publicada sobre el conflicto necesariamente refleja la realidad.
¿Habrá nuevo contrato?
Consultado sobre la posibilidad de que Atome pueda volver a negociar con el Estado paraguayo, el presidente fue categórico: “Un nuevo contrato sería viable”.
Según Peña, Paraguay ya cuenta con industrias electrointensivas que operan bajo condiciones específicas y existen mecanismos para atenderlas. El problema particular de Atome, explicó, radica en las condiciones especiales que demanda el proyecto y en la ausencia de un marco institucional suficientemente sólido para respaldarlas.
Así, el conflicto con Atome queda planteado no solamente como una disputa contractual o tarifaria, sino como una prueba para Paraguay frente a la llegada de inversiones intensivas en energía. El Gobierno busca evitar que una solución puntual termine generando nuevamente incertidumbre jurídica y pretende establecer reglas generales para proyectos de hidrógeno verde, fertilizantes, inteligencia artificial y otras actividades que podrían demandar grandes volúmenes de electricidad.