La nueva plataforma surge como resultado del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dentro de una estrategia orientada a modernizar los procedimientos de la administración pública y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante las solicitudes judiciales.
El mecanismo apunta a reemplazar progresivamente los circuitos tradicionales basados en documentos físicos por un sistema electrónico que permita una gestión más rápida, ordenada y trazable. De esta manera, cada requerimiento podrá ser canalizado y seguido digitalmente, reduciendo los tiempos asociados al traslado, recepción y procesamiento de expedientes y oficios.
Uno de los principales impactos esperados se encuentra en aquellos trámites que requieren una comunicación permanente entre el MOPC y los órganos jurisdiccionales. Entre ellos figuran los oficios relacionados con expropiaciones, condiciones de embargo, pedidos de informes y otros requerimientos judiciales que deben ser atendidos por la cartera de Obras Públicas.
La digitalización de estos procedimientos permitirá reducir pasos administrativos y facilitar el seguimiento de cada solicitud, al tiempo de generar mayores condiciones de trazabilidad sobre la documentación intercambiada. Esto también apunta a disminuir el riesgo de extravío o demoras vinculadas al manejo de documentos físicos.
Capacitación del personal
Como parte de la implementación, el MOPC inició la capacitación del personal que tendrá a su cargo la administración y utilización de la nueva herramienta. En ese marco, el abogado Andrés Cabrera Navarro, jefe interino del Departamento de Procuraduría Judicial de la Dirección de Asuntos Jurídicos, recibió instrucción sobre el funcionamiento y gestión del Oficio Judicial Electrónico.
La capacitación estuvo a cargo de la abogada Mónica González Ontañón y de José Martínez Vitale, representantes de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) del Poder Judicial. Durante las jornadas se abordaron las funciones de la plataforma y los procedimientos necesarios para su correcta utilización.
La puesta en marcha del sistema representa, además, una articulación concreta entre dos instituciones que intervienen de manera frecuente en procesos que requieren intercambio formal de información y documentación.
Menos papel y mayor trazabilidad
La incorporación del Oficio Judicial Electrónico forma parte de una tendencia más amplia de digitalización de los servicios públicos. Para el MOPC, el objetivo no se limita a sustituir el papel por documentos electrónicos, sino a simplificar procesos internos, reducir tiempos administrativos y mejorar el control sobre las gestiones judiciales.
La herramienta también puede contribuir a ordenar el flujo documental dentro de la institución, permitiendo que las solicitudes sean derivadas a las áreas correspondientes y que exista un registro digital de su tratamiento.
El proceso se enmarca en las políticas de Gobierno Electrónico, que buscan trasladar progresivamente trámites y comunicaciones de la administración pública hacia plataformas digitales. En este caso, la coordinación con la Corte Suprema de Justicia permite establecer un canal específico para los requerimientos judiciales.
Con esta incorporación, el MOPC se suma a la transformación digital impulsada juntamente con el Poder Judicial, con una meta que combina eficiencia administrativa, reducción del uso de papel, transparencia y trazabilidad. La apuesta es que la tecnología permita que los procedimientos que antes dependían de circuitos físicos puedan resolverse con mayor rapidez y previsibilidad, beneficiando tanto a las instituciones involucradas como a los ciudadanos que esperan respuestas del Estado.