Corte define tramo final de la causa penal contra el banco Atlas

Un último voto en la Sala Penal definirá la elevación a juicio de la cúpula directiva por el caso Leoz.

| Por La Tribuna
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La investigación avanzó hasta involucrar a Miguel Ángel Zaldívar y a otros directivos en una imputación por presunto lavado de dinero.

El proceso penal que involucra a la cúpula del banco Atlas por supuestas operaciones irregulares vinculadas al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz se encuentra en su tramo decisivo dentro del Poder Judicial. La resolución de una recusación pendiente en la Corte Suprema de Justicia definirá la continuidad de la causa promovida por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez contra el titular de la entidad, Miguel Ángel Zaldívar.

La causa penal dejó de ser una investigación sobre los movimientos financieros de Nicolás Leoz para convertirse en un proceso que afecta a la cúpula directiva de la entidad. El 30 de abril de 2026, la representación del Ministerio Público presentó la acusación formal y solicitó que el expediente sea elevado a la etapa de juzgamiento.

El expediente tiene como punto de partida las operaciones del expresidente de la Conmebol y una serie de movimientos que debieron activar controles de prevención de lavado de dinero. La representación fiscal sostiene que durante el año 2013 se realizaron 15 depósitos en efectivo por USD 5.114.300 en apenas cinco meses, transacciones que no guardaban correspondencia con su perfil económico.

El 4 de febrero de 2016, el Directorio del banco Atlas aprobó y ratificó contratos de fideicomiso vinculados al dirigente deportivo, los cuales fueron suscritos el 11 de febrero. Para los investigadores, la decisión adquiere relevancia porque para entonces ya existían antecedentes sobre el origen de los recursos.

La causa avanzó hasta la imputación formal por presunto lavado de dinero. En febrero de 2026, un Tribunal de Apelación confirmó la validez de la imputación y la admisión del proceso, manteniendo a la Conmebol como víctima procesal.

Acusación fiscal y trámite en la Sala Penal

El Ministerio Público sostiene que las operaciones permitieron canalizar y administrar recursos cuya procedencia estaba bajo cuestionamiento. La defensa de la entidad bancaria afirma que se actuó conforme a la normativa vigente y niega la existencia de hechos punibles.

En el plano patrimonial, la representación fiscal solicitó el comiso de USD 718.570, mientras que la entidad bancaria depositó voluntariamente dicho monto en una cuenta judicial sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad ni aceptación de cargos.

Para que el proceso judicial pueda avanzar a la audiencia preliminar, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe resolver la recusación promovida por la defensa contra los integrantes del Tribunal de Apelación. En ese contexto, resta el voto del ministro Víctor Ríos para destrabar el expediente, según detallaron las fuentes de los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez.

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