Hasta ahora no existe una demanda ni un arbitraje iniciado contra Paraguay. La Procuraduría General de la República confirmó que lo recibido el 17 de septiembre es un Aviso de Controversia e Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje. El procedimiento abre un período de tres meses para intentar alcanzar una solución amistosa antes de que la empresa pueda avanzar hacia una instancia internacional.
El caso gira alrededor del proyecto Villeta, que Atome presentó como una inversión de aproximadamente USD 665 millones destinada a producir hidrógeno y fertilizantes de bajas emisiones. La empresa sostiene que tomó decisiones de inversión y obtuvo compromisos financieros sobre la base de un marco jurídico y tarifario respaldado por decretos del Estado paraguayo. La posterior revocación de esos decretos, según su argumento, habría afectado las condiciones fundamentales sobre las cuales se estructuró el emprendimiento.
Es allí donde aparece la enorme cifra de la eventual indemnización.
Atome sostiene que la magnitud de su reclamo fue evaluada independientemente por un experto internacional en daños y que, de concretarse, estaría entre las mayores reclamaciones formuladas contra Paraguay al amparo de un tratado bilateral de inversiones. La compañía pretende ampararse en el Tratado Bilateral de Inversión entre el Reino Unido y Paraguay y, si no existe un acuerdo dentro del plazo establecido, anticipó que podría acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.
La dimensión económica del reclamo obliga, sin embargo, a mirar el caso más allá de la cifra que aparece en los comunicados empresariales.
¿Cómo puede una inversión proyectada en USD 665 millones terminar dando lugar a una reclamación cercana a USD 660 millones contra el Estado? Esa es una de las preguntas centrales que deberá responderse si la controversia finalmente llega al arbitraje.
También existe un antecedente que vuelve más compleja la discusión. El contrato entre Atome y la Ande fue firmado el 3 de mayo del 2022 para el suministro de energía eléctrica destinado al proyecto. Posteriormente, ese acuerdo quedó en el centro de cuestionamientos sobre las condiciones tarifarias pactadas y su eventual impacto sobre las finanzas de la empresa estatal.
Perjuicio en torno de los USD 117 millones
Una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República en diciembre del 2022 había estimado en aproximadamente USD 117 millones un eventual perjuicio patrimonial durante la vigencia del contrato, a partir de las diferencias entre la tarifa pactada y otros valores establecidos en la normativa entonces vigente. Según la documentación difundida, esa denuncia no habría recibido una resolución pública de fondo.
Este antecedente introduce una paradoja en la controversia. Mientras Atome plantea que el Estado debe responder por los efectos de decisiones posteriores que habrían afectado la viabilidad de su inversión, desde Paraguay aparecen cuestionamientos previos sobre las condiciones económicas del contrato que dio sustento al proyecto.
Y existe otro elemento que deberá ser esclarecido, el alcance jurídico de los compromisos asumidos por el Estado y por la Ande. El ingeniero Ángel María Recalde sostuvo en La Tribu 650 AM que el contrato firmado entre Atome y la estatal eléctrica establecía que las controversias contractuales debían ser resueltas ante los tribunales de Asunción, planteando dudas sobre la base contractual de un eventual arbitraje internacional.
Sin embargo, Atome no limita su posición al contrato con la Ande. Su notificación se sustenta en el tratado bilateral entre Paraguay y el Reino Unido, invocando supuestas violaciones a las garantías otorgadas a la inversión. Por eso, la discusión jurídica no se reduce a determinar qué dice el contrato eléctrico, sino también si las actuaciones del Estado pueden generar responsabilidad internacional bajo las reglas de protección de inversiones.
La respuesta todavía no está dada
La propia Procuraduría evitó anticipar una posición sobre el fondo del conflicto y señaló que el Estado se encuentra analizando los planteamientos de la empresa. Al mismo tiempo, afirmó que Paraguay mantiene su compromiso con la seguridad jurídica y las inversiones, pero que defenderá los intereses del Estado y el interés nacional.
Por eso, presentar los USD 660 millones como una deuda ya existente del Paraguay sería incorrecto. Se trata, por ahora, de una pretensión anunciada por la empresa y no de una obligación reconocida por el Estado ni determinada por un tribunal arbitral.
Lo que sí existe es una controversia de enorme dimensión. Y su costo potencial obliga a revisar con lupa cómo se diseñó el proyecto, qué garantías fueron otorgadas, qué contratos fueron firmados, qué decisiones tomó posteriormente el Gobierno y cuáles fueron las consecuencias económicas de cada una de ellas.
El caso Atome, más que una simple disputa entre una multinacional y el Estado, expone una cuestión mucho más profunda, hasta dónde pueden llegar los compromisos públicos para atraer una inversión y qué ocurre cuando las condiciones que hicieron posible ese acuerdo cambian posteriormente.
Por ahora, el reloj corre. Son tres meses de negociación antes de que Atome pueda decidir si convierte su amenaza en una reclamación formal. Y mientras tanto, una cifra de USD 660 millones ya quedó instalada en el centro de la discusión económica nacional.