La Cámara de Diputados aprobó el pedido de informes dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre auditorías, actuaciones administrativas y causas penales relacionadas con el banco Atlas, dando curso a una iniciativa que apunta especialmente a conocer la actuación del regulador frente a distintos negocios fiduciarios que durante los últimos años quedaron bajo cuestionamientos.
El expediente fue presentado por los diputados Bettina Aguilera, Alejandro Aguilera y Jorge Barressi y había obtenido previamente dictamen favorable de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción. El documento solicita información al organismo que tiene a su cargo la supervisión del sistema financiero paraguayo.
La iniciativa busca conocer qué medidas adoptó el organismo supervisor ante distintos casos vinculados con operaciones fiduciarias. El proyectista Alejandro Aguilera mencionó expresamente los casos Nicolás Leoz, IPS y Paraqvaria, este relacionado con Darío Messer.
El banco Atlas administró dos fideicomisos constituidos en el 2016 por Nicolás Leoz, conformados con certificados de depósito por aproximadamente USD 6 millones. Las operaciones fueron incorporadas posteriormente a una investigación del Ministerio Público. Otro antecedente es el fideicomiso constituido en el 2017 entre el IPS y el banco Atlas para financiar proyectos de infraestructura.
La operación involucró aproximadamente G. 828.800 millones de recursos del sistema previsional y posteriormente fue objeto de auditorías, pedidos de informes y cuestionamientos sobre la ejecución de las obras y la administración del esquema.
También figura un fideicomiso de garantía constituido con inmuebles de Paraqvaria. La investigación busca reconstruir el recorrido de siete oficinas vinculadas originalmente con una inversión de Matrix Realty y con el esquema atribuido a Darío Messer.
El pedido de informe guarda relación con los casos por presunto lavado de dinero en los que están acusados y con pedido de juicio oral los altos directivos del banco Atlas, además de otros casos investigados y que vinculan al ente bancario del Grupo Zuccolillo.
La propuesta finalmente fue aprobada. Ahora el Banco Central deberá responder sobre las auditorías, actuaciones y medidas adoptadas en relación con estos antecedentes.