Durante años, ABC Color convirtió la prevención contra incendios en una vara con la cual medir a instituciones públicas, comercios, mercados, edificios y autoridades municipales. Lo hizo con razón. Paraguay conoce demasiado bien lo que puede ocurrir cuando la seguridad se posterga, los controles fallan o las exigencias quedan atrapadas entre expedientes y promesas de adecuación.
La Nota Nº 75 de la Municipalidad de Asunción confirma que el Shopping Mariscal, parte del mismo grupo de ABC Color y el banco Atlas, hoy sigue sin la certificación final integral de Prevención Contra Incendios. Las observaciones sobre detección, rociadores y presurización se conectan con antecedentes que se remontan al 2020.
Shopping Mariscal no enfrenta una observación recién descubierta ni un trámite iniciado en las últimas semanas. La documentación reunida muestra una secuencia que se extiende por al menos seis años y que, al 31 de agosto del 2026, todavía no había concluido con la aprobación final integral de Prevención Contra Incendios. Ese es el dato central de la Nota Nº 75 remitida por la Comuna: existen actuaciones, correcciones y adecuaciones, pero no aparece el certificado definitivo que cierre el proceso para la totalidad del complejo.
La distinción importa. Que un establecimiento tenga equipos instalados, planos aprobados en alguna etapa o trabajos de adecuación en curso no equivale a que la autoridad haya verificado y aprobado finalmente el sistema completo. Lo comprobable es más preciso, la municipalidad todavía no otorgó la conformidad final integral y mantiene observaciones técnicas sobre componentes relevantes.
Según la respuesta municipal, las cuestiones pendientes en Shopping Mariscal se relacionan principalmente con detección, presurización de escaleras, rociadores y otros elementos del sistema. Son mecanismos decisivos en una emergencia: detectar humo de manera temprana, controlar la propagación del fuego, mantener utilizables las vías de evacuación y permitir una respuesta ordenada. Por eso la aprobación final no es una formalidad decorativa. Es la instancia en la que la autoridad certifica que el diseño presentado se corresponde con lo instalado y que el conjunto funciona conforme a las exigencias vigentes.
Los antecedentes agravan la pregunta sobre los plazos. En el 2022, después de que una familia quedara atrapada durante aproximadamente 40 minutos en un ascensor, funcionarios municipales recordaron públicamente una inspección realizada en el 2020. Aquella verificación habría encontrado puertas de emergencia obstruidas, sectores sin cobertura de rociadores, mantenimientos pendientes y dificultades vinculadas con la aprobación de planos. El establecimiento fue notificado y, según la explicación difundida entonces, el expediente llegó al Juzgado de Faltas.
En octubre del 2024, una nueva fiscalización volvió a colocar el sistema bajo observación. El responsable municipal del área explicó que existían diferencias entre los planos y las instalaciones, que un sector no contaba con rociadores y que en otro no había sistema de bombeo, además de la utilización de un mecanismo considerado desfasado. El shopping pudo realizar mejoras posteriores y corresponde incorporar cualquier constancia que lo demuestre. Sin embargo, la Nota Nº 75 vuelve a mencionar en el 2026 adecuaciones relacionadas con varios de esos mismos componentes.
La reiteración transforma el asunto. Ya no se trata solo de una observación en el 2020 o una fiscalización en el 2024, sino de explicar por qué el expediente continuaba abierto en agosto del 2026. La municipalidad afirma que las normas de seguridad y habilitación son obligatorias para todos, “sin excepciones”. Ese principio debe verificarse con especial claridad en un centro de alta concurrencia.
La respuesta oficial también deja vacíos. Predominan resoluciones y antecedentes, pero no se adjuntan los informes técnicos actuales que permitirían medir cada observación, identificar los sectores afectados y conocer cuánto falta para cerrar el proceso. Tampoco se fija una fecha para la aprobación definitiva. Eso impide convertir el expediente en una evaluación de riesgo, pero también reducirlo a un simple papel pendiente.
Shopping Mariscal y Penta SA deben explicar qué obras ejecutaron, qué componentes superaron las inspecciones y qué calendario acordaron con la comuna. La municipalidad tiene que precisar qué verificó y qué mantiene observado. El descargo no debilita el hallazgo: permite separar avances y pendientes.
La prevención se vuelve efectiva antes de una emergencia, no después. Seis años de actuaciones municipales son tiempo suficiente para que la ciudadanía reciba una respuesta documental sencilla, qué está aprobado, qué falta y cuándo quedará certificado el sistema integral. Hasta que esa constancia exista, el dato permanece abierto y respaldado por el propio municipio, uno de los mayores centros comerciales de Asunción sigue sin aprobación final integral de Prevención Contra Incendios.